A través de un decreto publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, el Gobierno decidió avanzar de llenó sobre el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), la herramienta fidusiaria utilizada para urbanización de barrios populares, que quedó en medio de la polémica tras descubrirse que los fondos eran administrados por dirigentes ligados a Juan Grabois, al reducir el aporte que recibe del impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) al 1%.
El decreto firmado hoy por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, estableció que se sustituya el artículo 2 del decreto N°184 que entró en vigencia el 26 de febrero de 2020, en el tercer mes del mandato de Alberto Fernández. De esta forma se modificó la asignación específica del 30% que estaba establecido en el inciso “b” del artículo 42 de la Ley Nº27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública.
Este último indicaba la distribución del impuesto: un 70% iría a financiar los programas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y las prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) y el 30 % restante se repartía entre obras de infraestructura económica que recibía el 65%, un 30% para el FISU y el 5% restante en fomento del turismo nacional.
A partir del decreto publicado hoy se modifica la asignación específica del 30% y disminuye al 1% la asignación al FISU, mientras que amplía el recibido por las obras de infraestructura económica a 94%. El otro 5% no se modifica y continúa siendo para el fomento del turismo nacional.
El fondo que fue creado el 5 de diciembre de 2019 en el marco de la Ley N° 27.453 de Régimen de Regulación Dominial para la Integración Socio Urbana para el financiamiento de obras de vivienda social, ahora solo percibirá el 1% del Impuesto PAIS, mientras que el 94% irá destinado a obras de infraestructura económica, (manejado por Caputo) y el restante 5% al fomento del turismo nacional (gestionado por Daniel Scioli).
El FISU, manejó $480.611.383.294,59 durante los últimos cuatro años, pero solo concluyó el 6% de la obra. Este al igual que otros fondos fiduciarios son apuntados por el Gobierno como una “caja negra de la política”, que se convirtió en uno de los objetivos de Milei y Caputo por donde recortar gastos. Se trató del punto de inflexión que terminó por hacer fracasar el proyecto de ley ómnibus cuando se trató en Diputados. El Ejecutivo pretendía obtener facultades para disponer a su voluntad de los fondos.
El fideicomiso, como se mencionó, fue creado por ley para financiar proyectos a partir de la inscripción de villas en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) y recibía sus fondos no solo del impuesto PAIS sino que también del dinero proveniente del aporte solidario extraordinario implementado durante la pandemia, sumado a múltiples asignaciones por parte de organizaciones internacionales para hacer obras en asentamientos de emergencia.
Durante el gobierno de Alberto Fernández la ejecución de este fondo (si bien comparte responsabilidades con la Agencia de Administración de Bienes del Estado) estuvo a cargo de Fernanda Ramona Miño, una referente asociada a Grabois, la cual fue señalada por el dirigente social, durante las PASO, como su eventual ministra de Desarrollo Social en caso de ganar las elecciones.
Según denunció el Gobierno, de las 6517 obras reportadas por el FISU tan solo 400 figuran como finalizadas, es decir un 6%. En tanto, 5886 se encontrarían en ejecución y 231 en etapa de contratación. A su vez, 133 de las finalizadas tienen que ver con veredas y cordones cuneta (más de un tercio). El resto se reparten entre “conexiones eléctricas”, “conexiones de agua”, “mejoramientos de vivienda” y “fortalecimiento comunitario en barrios populares en el marco del Covid-19″, entre otros.
