El Poder Ejecutivo envió este jueves al Congreso de la Nación la denominada "Ley de Hojarascas", una iniciativa orientada a la derogación de más de 70 normas que el Gobierno considera obsoletas, superfluas o incompatibles con los principios constitucionales vigentes. El objetivo central del proyecto es depurar el sistema legal argentino, eliminando disposiciones que, según se argumenta, han perdido utilidad o generan distorsiones en el funcionamiento del Estado.

La propuesta es impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien ya había presentado el proyecto en 2024. Sin embargo, en aquel momento la iniciativa no logró ser sancionada y perdió estado parlamentario al finalizar el período legislativo. Con este nuevo envío, el Ejecutivo retoma los fundamentos originales y busca reactivar el debate en el Congreso.

Un diagnóstico sobre la acumulación normativa

El proyecto parte de un diagnóstico claro: la acumulación de leyes, decretos y disposiciones a lo largo del tiempo ha generado un entramado normativo que, en muchos casos, resulta innecesario o incluso contraproducente. Según el texto oficial, esta superposición normativa no solo incrementa la burocracia y los costos para ciudadanos y empresas, sino que también ha sido utilizada históricamente para bloquear actividades legítimas, restringir libertades fundamentales y establecer privilegios incompatibles con un Estado de derecho.

El análisis abarca legislación vigente desde 1864 hasta la actualidad, identificando más de 80 normas, entre leyes, decretos y artículos, susceptibles de ser derogadas o modificadas.

Seis criterios para eliminar normas

El Poder Ejecutivo organiza su propuesta en torno a seis categorías principales, que justifican la eliminación de normativa. Estos criterios permiten sistematizar el alcance del proyecto y explicar la diversidad de disposiciones incluidas:

• Normas derogadas o superadas por legislación más moderna, como antiguas regulaciones sanitarias o legales que quedaron sin efecto práctico.
• Leyes desactualizadas por avances tecnológicos o cambios sociales, como aquellas vinculadas a la microfilmación de documentos o la autorización de la televisión a color.
• Normas que limitan libertades individuales o vulneran principios constitucionales, incluyendo disposiciones que penalizan denuncias internacionales o habilitan controles sobre reuniones privadas.
• Leyes que generan cargas burocráticas o crean organismos inoperantes, como registros innecesarios o estructuras administrativas redundantes.
• Normativa vinculada a organismos o procesos ya extinguidos, sin aplicación en la actualidad.
• Disposiciones que crean entidades financiadas por el Estado, que bajo la reforma deberían sostenerse con recursos propios o de sus asociados.

Ejemplos de un sistema en revisión

El proyecto detalla una serie de casos que ilustran el tipo de normativa que se busca eliminar, evidenciando situaciones que van desde lo anacrónico hasta lo considerado incompatible con el marco constitucional actual.

Entre los ejemplos más destacados se encuentran:

• Regulaciones sobre microfilmación de documentos oficiales en el Ejército y la Armada, consideradas obsoletas frente a la digitalización.
• La obligación de contar con un "carnet de mochilero", vigente desde 1974.
• Normas que penalizan denuncias contra el Estado en organismos internacionales, señaladas como restrictivas de derechos.
• La supervisión estatal de reuniones privadas y públicas en espacios cerrados, calificada como inconstitucional.
• La Ley N° 21.895, que autorizaba la televisión a color, hoy sin relevancia en el contexto digital.

Asimismo, se incluyen disposiciones que generan costos desproporcionados, como el sistema de sorteo de premios entre espectadores de cine, regulado por la Ley N° 19.363, que alcanza apenas al 0,1 % del público, mientras que los gastos administrativos superan el valor de los premios otorgados.

Normas sin aplicación y estructuras inactivas

Otro eje central del proyecto apunta a eliminar leyes vinculadas a organismos o iniciativas que ya no existen o nunca llegaron a operar efectivamente. Entre ellos se mencionan el Complejo Portuario de Ultramar en Aguas Profundas, Ediciones Culturales Argentinas y e Fondo Nacional Permanente para Estudios de Preinversión.

Estas estructuras, disueltas hace décadas o sin implementación real, continúan formando parte del cuerpo normativo, generando lo que el Ejecutivo define como "ruido legal".

Privilegios y regulaciones en discusión

La iniciativa también alcanza a normas que establecen beneficios o privilegios específicos, considerados injustificados en el contexto actual. Entre ellos:

• Permisos exclusivos de circulación y estacionamiento para legisladores
• Beneficios asociados a padrinazgos presidenciales, hoy sin sentido en un sistema de educación pública gratuita
• Declaratorias de interés nacional para actividades u organismos sin operatividad

Asimismo, se propone eliminar regulaciones que condicionan el desarrollo de actividades culturales, científicas o deportivas a trámites y autorizaciones sin justificación vigente.