El Gobierno nacional mantiene abierta la negociación para definir la redacción definitiva de la reforma del Código Penal, uno de los proyectos que considera prioritarios dentro de su agenda legislativa. Mientras ese proceso continúa, el Poder Ejecutivo decidió demorar el envío al Congreso del proyecto de juicio por jurados, una iniciativa que ya se encontraba preparada desde la Secretaría de Legal y Técnica.
En las últimas semanas, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, remitió una nueva contrapropuesta a Santiago Caputo, con el objetivo de acercar posiciones sobre el contenido de la reforma penal. Según la información disponible, ambas partes trabajan para consensuar un texto que se ubique en un punto intermedio entre el proyecto original, que superaba las 900 páginas, y una versión de menor alcance elaborada posteriormente.
La nueva propuesta fue enviada desde el Ministerio de Justicia a la Secretaría de Legal y Técnica, encabezada por María Ibarzabal, organismo responsable de la revisión jurídica de los proyectos antes de una eventual remisión al Congreso.
Desde Balcarce 50 sostienen que la discusión permanece abierta, aunque reconocen que durante los últimos meses las posiciones comenzaron a acercarse luego de un período marcado por diferencias internas.
Una discusión atravesada por cambios en el área de Justicia
La elaboración del nuevo Código Penal no quedó al margen de las modificaciones ocurridas dentro del Gobierno. Según el esquema actual, la reforma quedó condicionada por la disputa en torno al control del área de Justicia, una tensión que se profundizó tras el desplazamiento de Sebastián Amerio y la pérdida de influencia de Santiago Caputo dentro del ministerio.
Actualmente, el Ministerio de Justicia es conducido por Juan Bautista Mahiques, identificado como un funcionario alineado con Karina Milei.
En paralelo, la Secretaría de Legal y Técnica continúa bajo la conducción de María Ibarzabal, considerada una de las funcionarias de mayor confianza del asesor presidencial Santiago Caputo. En ese contexto, ambas áreas mantienen negociaciones para consensuar una versión definitiva del proyecto antes de su presentación parlamentaria.
El alcance de la reforma
La discusión central gira en torno a la magnitud que tendrá la reforma. El borrador original, elaborado durante la gestión anterior, contemplaba una modificación muy amplia del Código Penal vigente y de diversas leyes penales especiales, alcanzando una extensión superior a 900 páginas.
La propuesta impulsada actualmente por Juan Bautista Mahiques plantea una versión más reducida. El argumento expuesto desde el Ministerio de Justicia sostiene que una reforma excesivamente extensa podría encontrar mayores dificultades durante su tratamiento legislativo debido a su complejidad técnica y a la cantidad de temas sensibles que involucra.
Desde el entorno de Santiago Caputo consideran que el último borrador recibido representa una reducción significativa respecto del proyecto original. En cambio, cerca de Mahiques rechazan esa interpretación y afirman que el texto enviado desde Justicia comprende más del 35% del Código Penal, por lo que descartan que se trate de una reforma de alcance mínimo.
Pese a esas diferencias de criterio, en ambos sectores reconocen que el objetivo sigue siendo alcanzar un acuerdo.
La alternativa que analiza la Casa Rosada
Dentro de la Casa Rosada comenzó a tomar fuerza una opción intermedia para resolver las diferencias existentes entre ambas propuestas. La alternativa consiste en avanzar con una reforma que represente aproximadamente la mitad del texto original o alrededor de dos tercios del proyecto que se venía elaborando.
La intención del Ejecutivo es evitar dos escenarios considerados inconvenientes. Por un lado, descartar una reforma demasiado reducida que pueda interpretarse como un retroceso respecto del proyecto inicial.
Por otro, evitar impulsar una modificación integral que obligue al Gobierno a abrir múltiples debates de difícil tratamiento dentro del Congreso.
Los capítulos que el Gobierno busca preservar
Mientras continúa la negociación sobre la extensión definitiva del proyecto, el Gobierno pretende conservar aquellos aspectos que considera cuentan con mayor consenso político. Entre los capítulos que busca mantener aparecen:
- Endurecimiento de penas para delitos sexuales.
- Modificaciones vinculadas al abuso sexual infantil.
- Cambios relacionados con el grooming.
- Endurecimiento de sanciones para estafas piramidales.
- Reformas vinculadas a las entraderas.
Al mismo tiempo, desde la Casa Rosada ya habían descartado incorporar modificaciones relacionadas con el aborto.
También señalaron que no pretendían abrir un debate de fondo sobre la figura del femicidio, pese a que distintos sectores del oficialismo habían manifestado anteriormente la intención de revisar ese agravante.
El juicio por jurados quedó en pausa
En paralelo con la discusión sobre el Código Penal, el Ejecutivo resolvió postergar el envío del proyecto de juicio por jurados. La iniciativa ya se encontraba preparada desde la Secretaría de Legal y Técnica, pero finalmente quedó suspendida.
Según expresaron desde el Gobierno, la decisión responde tanto a criterios técnicos como políticos. "Se decidió frenarlo hasta que haya un nuevo código procesal", señalaron desde Nación. La evaluación oficial sostiene que no resulta conveniente avanzar con el sistema de jurados antes de definir el nuevo marco procesal que establecerá la forma en que ese mecanismo será aplicado.
Esta determinación modifica la planificación legislativa que el oficialismo había diseñado para el segundo semestre del año.
La mesa política y las prioridades legislativas
La próxima reunión de la mesa política será determinante para establecer el orden de envío de los distintos proyectos al Congreso. El encuentro se desarrollará la semana próxima y será encabezado por Karina Milei.
Participarán:
- Diego Santilli.
- Martín Menem.
- Eduardo "Lule" Menem.
- Patricia Bullrich.
- Santiago Caputo.
- Ignacio Devitt.
- Fabián Fernández.
Desde la Casa Rosada explican que esa instancia servirá para reorganizar las prioridades legislativas luego de la salida de Manuel Adorni y el ascenso de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete. Entre los proyectos que forman parte de esa agenda figuran:
- La reforma electoral.
- Zona Fría.
- Inocencia Fiscal.
- Propiedad privada.
- El paquete de reformas judiciales.
