Cada vez que se publican nuevos indicadores sobre la crisis educativa en Argentina, una parte significativa del análisis se dirige hacia los Institutos de Formación Docente (IFD), responsables de preparar a los maestros que luego llegan a las aulas del sistema educativo.

En ese contexto, el gobierno de Javier Milei puso en marcha un nuevo sistema de acreditación para los profesorados, con el objetivo de evaluar su funcionamiento y someterlos a estándares más exigentes de calidad educativa.

El esquema apunta a revisar el desempeño de los institutos y determinar si sus carreras pueden continuar con validez nacional. Aquellos que no logren superar el proceso de evaluación podrían enfrentar el cierre de sus programas de formación.

La medida surge en medio de un diagnóstico crítico sobre el sistema, que muchos especialistas describen como un "agujero negro" en términos de información pública y resultados educativos, donde persisten dudas sobre la capacidad de los profesorados para formar docentes preparados para revertir el deterioro de los aprendizajes.

Un sistema amplio y con desafíos estructurales

El panorama de la formación docente en Argentina muestra una estructura extensa y descentralizada. Actualmente existen más de 1.300 profesorados en todo el país, lo que equivale a aproximadamente 34 institutos por cada millón de habitantes, una cifra que ubica a la Argentina entre los países con mayor cantidad de instituciones de formación docente por persona.

Dentro de ese sistema:

Más del 60% de los institutos son estatales.

Dependen administrativamente de las provincias, que son responsables de pagar los salarios docentes.

Sin embargo, el debate no se limita a la cantidad de instituciones. Diversos diagnósticos señalan problemas vinculados con la calidad de la formación. Entre los cuestionamientos más frecuentes aparecen:

Escasez de profesorados en áreas prioritarias, como ciencias duras o idiomas.

Debilidades en la formación pedagógica y disciplinar.

Falta de planificación en la apertura de carreras, que en muchos casos responde a decisiones políticas locales más que a una estrategia educativa.

Este escenario fue uno de los argumentos centrales que impulsó al Gobierno a avanzar con un nuevo mecanismo de evaluación institucional.

Cómo funcionará el nuevo sistema de acreditación

El proceso de acreditación comenzará este año con la evaluación de 300 profesorados, según se definió tras una prueba piloto realizada a fines del año pasado. El esquema inicial incluye dos grupos de instituciones:

150 institutos que atravesarán una acreditación completa.

150 que comenzarán con un proceso de autoevaluación institucional.

El sistema fue acordado en el Consejo Federal de Educación, ámbito donde participan los ministros de Educación de todas las jurisdicciones. La medida fue aprobada por consenso entre las provincias, aunque con oposición de algunos gremios docentes.

El nuevo modelo se inspira en el sistema de evaluación universitaria que realiza la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, aunque presenta una diferencia importante: en lugar de acreditar carreras específicas, evaluará el funcionamiento integral de cada instituto.

El proceso contempla varias etapas:

Autoevaluación institucional.

Evaluación externa.

Recomendaciones de mejora.

La revisión será realizada por una Unidad Federal de Evaluación, coordinada por el Instituto Nacional de Formación Docente, organismo encargado de regular la formación docente en el país.

Consecuencias concretas para los profesorados

El nuevo sistema no se limita a un diagnóstico técnico, sino que tendrá impactos directos en el funcionamiento de los institutos. Una vez finalizado el proceso de evaluación, cada profesorado podrá recibir dos tipos de acreditación:

Acreditación total por un período de 6 años.

Acreditación parcial por 3 años, acompañada de recomendaciones para corregir deficiencias.

La acreditación parcial no impedirá la inscripción de nuevos estudiantes, pero obligará a los institutos a mejorar sus condiciones. Sin embargo, los profesorados que no logren obtener la acreditación no podrán acceder a la validez nacional de sus carreras, lo que en la práctica podría derivar en su cierre.

El esquema establece además que todos los institutos deberán atravesar al menos un ciclo de evaluación antes de 2030, y que el proceso se repetirá cada seis años.

Objetivos educativos y económicos

Desde el Gobierno señalan que el nuevo sistema busca alinear la oferta de carreras docentes con las necesidades reales del sistema educativo. En ese sentido, también se impulsaron modificaciones en el diseño de las carreras de formación docente. En 2024, el Consejo Federal de Educación aprobó una resolución que actualiza los lineamientos curriculares de la formación docente inicial, algo que no ocurría desde 2007.

Entre los cambios incorporados se destacan:

Un límite máximo a la carga horaria de las carreras.

La posibilidad de incluir componentes de educación a distancia en los profesorados.

Las autoridades sostienen que en muchos casos las cargas horarias habían sido ampliadas para responder a necesidades laborales docentes, más que a criterios pedagógicos vinculados con la formación de los estudiantes.

Pero el plan también tiene un componente económico.

En un contexto de ajuste cercano al 50% en el sector educativo nacional durante los últimos dos años, el Gobierno busca que las provincias —que administran los profesorados— optimicen el gasto educativo.

Según fuentes oficiales citadas por Clarín, la intención es avanzar hacia un "gasto más inteligente", vinculado a resultados educativos.

Reformas en la formación continua docente

El plan oficial no se limita a la formación inicial de los futuros docentes. También incluye cambios en la formación continua de los maestros en ejercicio. Desde el Gobierno sostienen que durante años se impulsaron capacitaciones masivas desconectadas de las necesidades reales de las escuelas, lo que derivó en un sistema que describen como un "mercado de puntaje docente", donde los educadores acumulaban certificados para mejorar su posición laboral.

Las autoridades aseguran que al asumir encontraron convenios millonarios con universidades y sindicatos para dictar cursos a través de la plataforma del INFoD.

Uno de esos acuerdos involucraba a seis universidades del conurbano y representaba unos 2.600 millones de pesos.

Todos esos convenios fueron cancelados. El nuevo enfoque propone que la formación continua se articule con las políticas educativas de cada provincia, en lugar de ser diseñada unilateralmente desde el Estado nacional.

Uno de los ejemplos que mencionan desde el Gobierno son los "ateneos didácticos", espacios de capacitación vinculados con los planes de alfabetización.

En estos encuentros:

Los docentes participan en instancias de formación relacionadas con su práctica cotidiana.

Reciben una compensación económica por asistir fuera de su horario laboral.

Para este año, el programa cuenta con un presupuesto cercano a los 15.000 millones de pesos, destinado a financiar capacitadores y remunerar a los docentes participantes.