Los accionantes que realizaron la denuncia penal contra el intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba, "por instigador a cometer delitos que tienen la misma pena que el autor de los delitos cometidos". manifestaron a diario LA UNIÓN que se limitarán a actuar en términos judiciales. "Tiene que actuar la Justicia, no el poder político", expresaron.  

En cuanto a la posibilidad de intervenir el Municipio, sostuvieron que "a la intervención la vemos lejos; además, tenemos la experiencia del tema Enrique Aybar que en términos políticos deberíamos haber intervenido pero siempre se pone por delante la institucionalidad". 

Según pudo saber LA UNIÓN, el Ejecutivo provincial solicitará que se investiguen los hechos "para descubrir la verdad", a partir del material que tienen por testigos y vecinos de Andalgalá, quienes acusaron  una supuesta connivencia entre los hechos sucedidos y el aparato que tiene a cargo el jefe comunal Córdoba "porque había becados y funcionarios manifestándose", señaló el oficialismo. 

Al respecto de la cuestión minera, dijeron que es otro tema alrededor del cual "hay una especie de hipocresía porque hay gente antiminera que vive gracias a la minería, por ejemplo, cobraron los aguinaldos de fin de año que se pagaron de fondos provinciales, los cuales la Nación nos asignan por nuestros aportes mineros".  

Clases presenciales

Sobre el amparo presentado por la oposición, el oficialismo insistió en que se trata de un "oportunismo político". En este sentido, afirmaron que no lo ven viable y solo se trató de imitar lo realizado en CABA.