La sesión de la Cámara de Diputados realizada en Piedra Blanca, departamento Fray Mamerto Esquiú, estuvo atravesada por el debate en torno al anticipo de coparticipación recibido por la Provincia y por las críticas planteadas desde la oposición respecto al manejo y distribución de esos recursos.
En ese contexto, el bloque oficialista salió al cruce de los cuestionamientos y defendió tanto el mecanismo previsto para la devolución de los fondos como la legalidad de su futura distribución hacia los municipios.
El presidente del bloque Frente de Todos, Juan Carlos Ledesma, apuntó directamente contra el proyecto impulsado por el diputado Francisco Monti y sostuvo que la iniciativa "resulta innecesaria", al considerar que el propio decreto nacional ya establece con claridad el carácter del anticipo y las condiciones para su utilización y devolución.
"Tenemos que aclarar que esos fondos son un anticipo de coparticipación por la caída de recursos y que, cuando sean utilizados, se hará la correspondiente coparticipación a los municipios", expresó el legislador oficialista durante el debate parlamentario.
La explicación del oficialismo sobre los recursos
Ledesma remarcó que la solicitud del anticipo por parte de la Provincia se produjo en un escenario marcado por una fuerte caída de la recaudación y una retracción de recursos nacionales, situación que obligó al Gobierno provincial a buscar herramientas financieras para sostener el funcionamiento del Estado y las obras previstas.
En ese sentido, el titular del bloque oficialista recordó que el decreto nacional fija un interés del 15% para esos fondos y precisó que la devolución comenzará a partir del mes de agosto.
El legislador también subrayó que la distribución de los recursos hacia los municipios ya se encuentra contemplada dentro de la legislación vigente y explicó que la ley provincial de coparticipación determina de manera taxativa cómo deben repartirse esos fondos.
Según indicó:
- El 25% corresponde a los municipios.
- El 75% corresponde a la Provincia.
"Cuando sean utilizados, se hará la correspondiente coparticipación a los municipios", reiteró Ledesma, insistiendo en que el esquema de distribución no depende de decisiones discrecionales sino de parámetros ya establecidos legalmente.
Las críticas opositoras y la respuesta oficial
Otro de los ejes del debate estuvo vinculado a los cuestionamientos opositores sobre las colocaciones financieras realizadas con esos recursos antes de su utilización efectiva. Sobre ese punto, el vicepresidente del bloque oficialista, Nicolás Zavaleta, rechazó las críticas y defendió la estrategia adoptada por el Gobierno provincial para preservar el valor de los fondos hasta el momento en que deban ser destinados a obras e infraestructura.
"Se mezclan peras con manzanas", afirmó el legislador, al considerar que desde la oposición se estaban confundiendo aspectos diferentes de la administración financiera de los recursos.
Zavaleta sostuvo además que el destino del dinero "siempre estuvo claro" y aseguró que la finalidad de los fondos continúa siendo el financiamiento de obras públicas e infraestructura.
La comparación con la economía familiar
Durante su intervención, el vicepresidente del bloque oficialista apeló a una comparación cotidiana para explicar la lógica detrás de la decisión del Gobierno provincial de resguardar financieramente esos recursos antes de utilizarlos.
"Cuando una familia saca un préstamo para arreglar el techo de su casa, generalmente paga el techo cuando lo hace, no por adelantado. Por eso es importante resguardar el poder adquisitivo de ese monto", expresó.
Con esa comparación, Zavaleta buscó justificar la necesidad de mantener el valor real del dinero hasta el momento de su aplicación concreta, especialmente en un contexto económico atravesado por inflación y caída de ingresos.
El legislador remarcó además que la prioridad del Ejecutivo provincial continúa siendo sostener políticas vinculadas a:
- La obra pública.
- La infraestructura.
- La asistencia a municipios.
- El sostenimiento de recursos en un contexto económico complejo.
El reconocimiento de demandas sociales pendientes
En otro tramo de su exposición, Zavaleta hizo referencia a la situación social y económica que atraviesa la provincia y reconoció que aún existen demandas y necesidades pendientes en distintos sectores del territorio catamarqueño.
"Cada vez que vamos al interior escuchamos los reclamos de los vecinos y vecinas. Sería necio no aceptar que todavía faltan muchas cosas", sostuvo. Pese a ello, el diputado consideró que el respaldo electoral obtenido por el oficialismo en distintos departamentos constituye una señal de acompañamiento ciudadano hacia la gestión provincial y hacia las políticas impulsadas por el Gobierno.
En particular, destacó el caso de Fray Mamerto Esquiú y señaló que "el voto de confianza en cada elección demuestra reconocimiento y expectativas de que las cosas continúen mejorando la calidad de vida de la gente".
La defensa de la legalidad y la prioridad de la obra pública
Desde el oficialismo insistieron a lo largo del debate en que todo el mecanismo de utilización de los recursos se encuentra enmarcado dentro de la legalidad vigente y rechazaron las objeciones planteadas desde la oposición respecto a la distribución futura del anticipo de coparticipación.
Los legisladores remarcaron que el contexto económico actual, caracterizado por la caída de la recaudación y la disminución de recursos nacionales, obliga a las provincias a adoptar medidas financieras que permitan sostener la ejecución de obras y la asistencia a municipios. En ese marco, el bloque Frente de Todos defendió la decisión del Gobierno provincial y sostuvo que el objetivo central continúa siendo preservar herramientas que permitan mantener infraestructura, servicios y políticas públicas en medio de un escenario económico complejo.
