En un guiño para el Gobierno antes de un nuevo debate por la Ley Ómnibus, el radicalismo presentó un proyecto propio de reforma laboral en el Senado que incluye tres de los puntos clave del mega DNU de desregulación de Javier Milei que terminó suspendido por la Justicia.
La iniciativa, que lleva la firma del jefe de bloque de la UCR, Eduardo Vischi, así también como las de otros senadores que también responden a gobernadores, contempla la creación de un fondo de cese para reemplazar indemnizaciones, reducción de multas y un período de prueba de 6 meses.
“Producto de estos 20 años de malas políticas en materia laboral y por la falta de una necesaria visión de cambio al respecto, la conflictividad laboral se incrementó en empresas impactando negativamente en el pasivo de las mismas por el alto costo resarcitorio que tienen las indemnizaciones”, reza el texto en los fundamentos.
Desde un primer momento la UCR exigió que todos los cambios en materia laboral se discutieran en el Congreso. Más allá de su (buena) predisposición, en el radicalismo aclaran que el destino de su proyecto es independiente de lo que suceda con la Ley Ómnibus, que se espera incluya un capítulo laboral.
De hecho, la iniciativa omite algunas cuestiones que el Gobierno quiso imponer vía DNU, como que los bloqueos sean causal de despido, un punto que generó polémica por chocar con el derecho a huelga.
El megadecreto, además, disponía un seguro de desempleo voluntario en reemplazo para las indemnizaciones. En tanto, el proyecto radical dispone la creación de un fondo de cese laboral administrado por ANSES que estipula que el empleador va a pagar un seguro mensual del 12% el primer año y después será del 8%.
Y, mientras que el decreto del Ejecutivo extendía el período de prueba a 8 meses, la propuesta radical lo extiende a 6 meses, similar a la legislación brasileña.
Luego de varios días de baja intensidad en la actividad del Congreso, se espera que el oficialismo vuelva a la carga con la nueva versión de la Ley Ómnibus, que sería presentada el próximo miércoles en mesa de entradas de la Cámara de Diputados, incluyendo la reforma laboral, con la idea de que tenga un tratamiento exprés y sea votada el 25 de abril en el recinto.
El Gobierno confía en que los votos ya están, y efectivamente la base que pone en la matriz de cálculo son los 144 votos que tuvo la votación en general del primer intento de media sanción. Culposos por aquel fracaso que el Presidente les endilgó públicamente, la UCR y Hacemos Coalición Federal harán lo imposible para evitar un nuevo traspié, que sería estrepitoso para todos menos para el kirchnerismo, analizan.
Sin embargo, ese escenario ideal pende de un hilo que tiene que ver con la negociación con los gobernadores. Los jefes provinciales podrían amenazar con dejar sin quórum la sesión en caso de que no vean colmadas sus expectativas, especialmente en lo que tiene que ver el paquete fiscal.
