El Senado aprobó este viernes la baja de la edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años, en el marco de la reforma de la Ley Penal Juvenil. La votación arrojó un resultado claro: 44 votos positivos y 27 negativos, números que sellaron el avance de una iniciativa impulsada por el oficialismo.
De este modo, La Libertad Avanza (LLA) consiguió un nuevo triunfo legislativo durante el período de sesiones extraordinarias, consolidando su capacidad de articulación parlamentaria en un tema sensible y de fuerte impacto social.
En el recinto, la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich, pidió un minuto de silencio para las víctimas de los hechos de inseguridad, un gesto que enmarcó la discusión bajo el eje central que el oficialismo planteó desde el inicio: la necesidad de dar respuesta a una problemática que, según argumentaron, genera creciente preocupación en la ciudadanía.
Argumentos oficiales y diagnóstico sobre la delincuencia juvenil
El oficialismo sostuvo que "aumentaron los delitos cometidos por menores" de entre 12 y 15 años, señalando además una participación "creciente" en delitos graves. Según esa postura, esta situación genera una sensación de "injusticia" e "impunidad", dos conceptos que fueron reiterados como fundamento central de la reforma.
Desde el Ministerio de Seguridad —hoy comandado por Alejandra Monteoliva y previamente por la actual senadora libertaria Patricia Bullrich— se planteó que combatir estas situaciones constituye un objetivo prioritario desde el inicio de la gestión. La modificación normativa aparece, en ese contexto, como una herramienta destinada a reforzar la respuesta institucional frente a delitos cometidos por menores.
Asimismo, desde LLA señalaron que muchas bandas utilizan a menores de edad como parte de los hechos delictivos que cometen porque saben "que no pueden ser procesados". Según esta interpretación, la reforma pretende contrarrestar esa estrategia delictiva, eliminando el incentivo que implicaría la inimputabilidad hasta los 16 años.
Una norma de 1980 frente a un nuevo escenario
Otro de los ejes centrales del debate fue la necesidad de actualizar una legislación que data de 1980. El oficialismo argumentó que resulta imprescindible la instalación de "un marco legal moderno" que se adapte al escenario actual de la delincuencia juvenil.
La reforma, en ese sentido, fue presentada no solo como una medida punitiva sino como una adecuación normativa frente a transformaciones sociales y delictivas que, según sus impulsores, exigen nuevas herramientas legales.
El contexto regional como referencia
Durante el debate también se mencionó el panorama en otros países de la región, subrayando que la edad de imputabilidad en 14 años no constituye una excepción.
Actualmente:
Bolivia
Chile
Colombia
Paraguay
Perú
Venezuela
República Dominicana
tienen fijada la edad de imputabilidad en 14 años.
Por su parte:
Brasil
Ecuador
Costa Rica
El Salvador
Panamá
establecen el inicio en los 12 años.
En ambos grupos de países, el tratamiento de los niños y jóvenes que cometen delitos se basa en medidas socioeducativas que priorizan su reinserción en la sociedad. Esta comparación fue utilizada como argumento para sostener que la reforma se encuentra en sintonía con estándares regionales.
Un cambio en el debate y la negociación parlamentaria
El proyecto original impulsado por el oficialismo contemplaba que la punibilidad comenzara a los 13 años. Sin embargo, para avanzar en el Congreso fue necesaria una "negociación parlamentaria" con los bloques dialoguistas.
Como resultado de esas conversaciones, la edad fue elevada a 14 años, un punto intermedio que permitió alcanzar el consenso político necesario y obtener la primera media sanción en Diputados. Esa modificación resultó clave para asegurar el acompañamiento de fuerzas aliadas como el PRO y la UCR, que consideraban que los 14 años representaban un límite más equilibrado y alineado con el resto de los países de la región.
La votación en el Senado, con los ya mencionados 44 votos afirmativos y 27 negativos, terminó de consolidar ese acuerdo político.
Un nuevo escenario en la política criminal juvenil
Con la aprobación de la reforma, el país redefine un aspecto central de su régimen penal juvenil. La decisión se inscribe en un debate que combina estadísticas delictivas, percepciones sociales de seguridad, estrategias de las organizaciones criminales y la actualización de una norma vigente desde 1980.
El oficialismo presentó la iniciativa como una respuesta concreta frente al aumento de delitos cometidos por menores de entre 12 y 15 años, y como una herramienta para combatir la sensación de injusticia e impunidad. Al mismo tiempo, el proceso legislativo evidenció la necesidad de consensos, que derivaron en la fijación de los 14 años como nuevo umbral de imputabilidad.
Con esta reforma, La Libertad Avanza suma un nuevo triunfo parlamentario en sesiones extraordinarias, en una de las discusiones más sensibles de la agenda pública actual.
