El IPV recrudecerá las medidas de fuerza para la próxima semana, así lo confirmó la entidad gremial ATIPV mediante un comunicado elevado al administrador del instituto provincial Juan Ariel Orellana.
La misiva informa que el lunes 5 de abril irán al paro total sin asistencia al lugar del trabajo. El sindicato indicó que desde el martes 6 al viernes 9 de abril celebrarán asambleas diarias de 12 a 13 horas con movilización donde definirán nuevas modalidades de medidas de fuerza.
Además, solicitaron la copia del convenio con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación en el marco de los programas Casa Propia - Construir Futuro para conocer las nuevas condiciones.
Al respecto, en diálogo con diario LA UNIÓN, el secretario general de ATIPV, Pablo Machado Araoz, señaló que en primer lugar tienen dos reclamos centrales en sintonía con el FUSSI, los cuales son la recomposición salarial y las negociaciones de paritarias reales.
Por otro lado, explicó que hay nuevos reclamos y preocupaciones que tienen que ver con problemas internos en el IPV.
“El programa nacional que firmaron el gobernador y el ministro de Vivienda (Casa Propia - Construir Futuro) establece condiciones que podrían llegar a desfinanciar los gastos corrientes del IPV, porque tienen como novedad que todos los recuperos, los pagos de cuotas en las viviendas que se hagan, con estos fondos tienen que ir a una cuenta nacional”, comentó.
Posteriormente, manifestó que desde la fundación del IPV “todo el recupero queda acá, por supuesto que se administra según el político de turno, pero de ese fondo se atienden los gastos corrientes como insumos, servicios, sueldos y adicionales”.
En este sentido, Machado argumentó que si todos los programas nuevos están conformados por ese tipo de condiciones perderán “la posibilidad de administrar los fondos y de generar los ingresos para poder darle continuidad al funcionamiento”.
El delegado expresó a LA UNIÓN que la preocupación de los empleados pasa por la redistribución que realizaría Nación cuando tenga los fondos a su cargo. Temen una repartición injusta y desigual como se dio en el gobierno anterior.
“Los fondos irían a un fideicomiso nacional que a su vez se redistribuiría en las provincias; lo cual es otra discusión planteada por todos los gremios de la federación ante el Ejecutivo nacional porque ya en el gobierno anterior intentaron crear una nueva ley de vivienda, un fideicomiso para que toda la plata fuera a Nación y el Estado se encargara de distribuirla”, acotó.
En este contexto, el titular de ATIPV dijo que no tienen garantías de que la distribución se vaya a dar de manera equitativa ni de que se dirija a las áreas más necesitadas en viviendas.
“En el gobierno anterior el presupuesto se destinó más a provincia de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza”, aseguró y añadió: “Ese es el riesgo que tenemos, que no haya una distribución justa”. En cuanto al deseo de los empleados, dijo que quieren que la administración se mantenga como está, o bien, que se respete la pauta del FONAVI que establece para Catamarca un 2,1 % de coparticipación.
Además, comentó que hay más reclamos como la desorganización y falta de claridad entre el IPV y el Ministerio de Vivienda y Urbanización.
“No sabemos cuántos contratados hay, no hay claridad en la gestión; hay compañeros que por hacer paro son sustituidos por contratos o por personal adscrito”, sentenció y afirmó que en el IPV y en el Ministerio de Vivienda nunca se respetó el decreto del gobernador Raúl Jalil que prohibía nuevas adscripciones, suspendía las otorgadas y estudiaría las que debían ser renovadas.
Finalmente, dijo que no hay diferencia entre el personal del IPV y el Ministerio, y que hay empleados que no saben a qué división pertenecen porque la cartera y el instituto se prestan personal y contratados.
“Las medidas son por tiempo indeterminado hasta que haya una reacción del Gobierno provincial y tendrán distintas modalidades”, cerró.
