La Justicia imputó a la minera Livent (Minera del Altiplano S.A.) y a sus funcionarios por contrabando de exportación y subfacturación de litio, una maniobra que habría permitido evadir millones de dólares en impuestos, generando un perjuicio directo a Catamarca y al país.

El diputado Alfredo Marchioli, primer legislador en denunciar públicamente estas irregularidades, celebró la decisión judicial y la calificó como "un paso histórico" en la lucha contra la evasión fiscal en el sector minero.
"Por fin la Justicia avanza sobre una de las maniobras más obscenas de evasión fiscal en la historia minera de nuestra provincia. Hoy se confirma lo que venimos denunciando desde hace tiempo: la subfacturación del litio no sólo existió, sino que fue respaldada por un entramado de complicidades y omisiones deliberadas", afirmó.

El legislador cuestionó con dureza al Gobierno provincial, al que responsabilizó por no haber actuado en tiempo y forma. Según explicó, la Dirección General de Rentas nunca aplicó auditorías ni multas a Livent, pese a que las sanciones deberían haber alcanzado un valor equivalente a cinco veces la evasión detectada.
"Esa suma —detalló— podría haber financiado casi un año de sueldos de toda la administración pública provincial. Esa plata se perdió por la inacción de un gobierno que optó por mirar para otro lado", denunció.

Marchioli recordó también que en 2017 el Colegio de Geólogos había advertido que la renovación del contrato con Livent no era conveniente para la Provincia. Sin embargo, la gestión de Lucía Corpacci avanzó con un acuerdo que incluía una cláusula clave: la posibilidad de que la empresa vendiera sus derechos sin el consentimiento provincial. Esa condición fue la que luego facilitó la multimillonaria operación con Río Tinto.

Con tono irónico, el diputado contrastó el trato desigual entre las grandes corporaciones y las pequeñas y medianas empresas locales:
"Mientras una pyme catamarqueña debe hacer frente a auditorías constantes y sanciones por cuestiones meramente formales o procedimentales, una multinacional como Livent gozó de privilegios, impunidad y protección política para evadir a gran escala. Esa es la desigualdad que el gobierno de Jalil y Corpacci instauró en Catamarca. Y Milei en la Nación hace lo mismo: privilegia a los grandes y ahoga a los más chicos", comparó.

Finalmente, el legislador insistió en que la imputación judicial debe servir de punto de partida para que la Provincia recupere lo que le corresponde y siente un precedente en defensa de sus recursos naturales.
"Catamarca no puede seguir siendo tierra de saqueo y evasión fiscal. El litio debe ser desarrollo para los catamarqueños, no la caja negra de unos pocos", concluyó.