En medio del inicio del debate por la reforma de la Corte Suprema en el Senado, la Casa Rosada salió a marcar distancia y dejó en claro que no respaldará ninguna de las iniciativas para ampliar la cantidad de miembros del máximo tribunal. "No es un proyecto nuestro y no lo vamos a acompañar", afirmaron desde el Ejecutivo nacional.
Este martes, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales comenzó a discutir ocho propuestas distintas para modificar la composición de la Corte. Entre ellas, se encuentra la impulsada por el senador Juan Carlos Romero, de Cambio Federal, uno de los aliados parlamentarios de La Libertad Avanza, que propone elevar el número de jueces a siete e incorporar una representación femenina mínima de dos integrantes.
La iniciativa formó parte de las negociaciones entre el Gobierno y sectores del kirchnerismo durante las sesiones extraordinarias de febrero, cuando se intentó avanzar con los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como candidatos a integrar el alto tribunal. Sin embargo, desde el oficialismo aseguran ahora que el tema "no está en carpeta".
Pese al rechazo a la reforma, la mesa judicial del Ejecutivo mantiene como prioridad cubrir las vacantes en el sistema judicial antes de las elecciones legislativas de octubre. La estrategia oficial consiste en negociar un paquete integral con la oposición que incluya los nombramientos pendientes en más de 150 juzgados federales y la designación del sucesor del Procurador General interino, Eduardo Casal.
En ese marco, el Gobierno no descarta insistir con los pliegos de Lijo y García-Mansilla, a pesar de que los decretos que los designaban en comisión fueron rechazados en abril. "Lo que se rechazó fueron los decretos, no los pliegos. Se pueden volver a tratar", sostienen fuentes oficiales.
Además, el Ejecutivo evalúa otros nombres como posibles candidatos para distintas vacantes. En la lista figuran los abogados Ricardo Ramírez Calvo, Carlos Laplacette, Alberto Bianchi y Ricardo Rojas, quienes ya habían sido considerados por el presidente Javier Milei como potenciales reemplazantes de Rodolfo Barra al frente de la Procuración del Tesoro. También se baraja el nombre de una mujer, aunque en el entorno presidencial prefieren mantenerla en reserva.
La Defensoría General del Pueblo, actualmente ocupada por Stella Maris Martínez, también forma parte de la negociación. No obstante, en el oficialismo admiten que, con la actual composición del Senado, será difícil avanzar en la cobertura de todas las vacantes. Así lo reconocen incluso en el círculo más cercano a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Por otro lado, la Casa Rosada negó haber influido junto al kirchnerismo para bloquear el avance del proyecto de "Ficha Limpia", impulsado por el PRO. La iniciativa fracasó por el voto en contra de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, alineados con el exgobernador Carlos Rovira y habituales aliados circunstanciales del oficialismo.
