En un nuevo capítulo de la alta tensión política y social que atraviesa el país, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha formalizado su ofensiva jurídica contra la reforma laboral. La cúpula de la central obrera se presentó ante la justicia para intentar frenar la aplicación de la normativa recientemente aprobada por el Congreso de la Nación, marcando un hito en la resistencia sindical contra lo que consideran una vulneración directa de la Carta Magna. Esta acción institucional busca invalidar una ley que, según los representantes de los trabajadores, desarticula conquistas históricas.
El escenario judicial: un magistrado con antecedentes
La presentación del amparo judicial se radicó ante el Juzgado Contencioso N° 7, el cual se encuentra a cargo del juez Enrique Lavie Pico. La elección de este juzgado posee una relevancia estratégica en el actual tablero político, dado que se trata del mismo magistrado que ya había intervenido con anterioridad para desarticular el decreto de desregulación que el presidente Milei impulsó a principios de 2024. El planteo judicial cuenta con un respaldo institucional total dentro del gremialismo, ya que el documento lleva la firma del triunvirato de la CGT y de los líderes de los diversos sindicatos que forman parte de la central obrera.
Esta acción jurídica se produce apenas días después de que la organización protagonizara una movilización hacia los Tribunales de la calle Talcahuano el pasado lunes. En esa oportunidad, se interpuso un recurso para que se declare la inconstitucionalidad de la ley de reforma laboral. Es importante destacar que dicha norma recibió la sanción definitiva en el Senado el viernes último y, al momento de la presentación del amparo, aún no había sido promulgada por el Poder Ejecutivo, lo que acelera los tiempos de la disputa legal en el ámbito republicano.
Fundamentos del reclamo: la Constitución en el centro
La estrategia de la CGT no se limita a una mera oposición política, sino que se asienta en sólidos pilares jurídicos y convenciones internacionales de carácter obligatorio. Según el comunicado difundido por la central tras la presentación, el reclamo de inconstitucionalidad se fundamenta principalmente en la afectación directa del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Asimismo, la central invoca principios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Pacto de San José de Costa Rica, tratados que poseen rango constitucional en nuestro ordenamiento jurídico.
Jorge Sola, uno de los tres cosecretarios generales de la central, fue el encargado de expresar el posicionamiento de la cúpula sindical ante el periodismo en la puerta de los tribunales. El dirigente aseguró que la organización acude a la justicia para ejercer su derecho a peticionar, manifestando su confianza en un poder republicano que actúe con objetividad para velar por el cumplimiento de la ley fundamental. En este sentido, la CGT sostiene que la denominada "modernización" laboral constituye una afectación grave de derechos colectivos e individuales que violan expresamente los principios constitucionales de la nación.
El impacto en la estructura de derechos laborales
Para la Confederación General del Trabajo, la nueva normativa vulnera el Principio de Progresividad o No Regresión, una norma jurídica que impide al Estado adoptar medidas injustificadas que supongan un retroceso en derechos laborales previamente adquiridos. De igual manera, consideran que se está violando el Principio Protectorio, el cual reconoce la desigualdad estructural existente entre el empleador y el trabajador, orientándose históricamente a restituir la equivalencia y evitar abusos sobre la parte más débil de la relación laboral.
En el análisis pormenorizado de los aspectos concretos, el escrito advierte sobre consecuencias directas en la vida de los trabajadores, señalando que la normativa permite establecer jornadas de trabajo de hasta 12 horas, lo que derivaría en el fin de las horas extras y una consecuente reducción del salario. Además, la central cuestiona la eliminación de sanciones a los empleadores que no pagaron aportes y transgredieron la ley, así como la posibilidad de que las indemnizaciones por despido se abonen en cuotas y a través del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). En última instancia, la CGT advierte que se ven comprometidos derechos esenciales como la protección contra el despido arbitrario, el derecho a huelga, la negociación colectiva, la libre agremiación y la seguridad social.
