La Justicia Federal dio un nuevo paso en la investigación iniciada contra Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a partir de una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito.

El fiscal Gerardo Pollicita impulsó la acción penal en la causa vinculada con la función que Tapia desempeñó en la CEAMSE y solicitó una serie de medidas destinadas a reconstruir la evolución de su patrimonio durante el período investigado. Entre los requerimientos formulados se encuentra el acceso a información vinculada con sus cuentas bancarias, declaraciones juradas, bienes, movimientos económicos y nivel de consumo.

Para concretar esas diligencias, la Fiscalía solicitó al juez federal Ariel Lijo, quien está a cargo del expediente, que disponga el levantamiento de los secretos fiscal y bancario de Tapia. El pedido también comprende los secretos contemplados en las leyes de Mercado de Capitales y de prevención del lavado de activos, tanto respecto del dirigente como de aquellas personas sobre las que resulte necesario solicitar información en el marco de la investigación.

"Los hechos denunciados imponen la adopción de medidas que traen aparejadas la necesidad de levantar los respectivos secretos", sostuvo Pollicita en el escrito.

En el mismo documento, el fiscal consideró que las medidas solicitadas son "necesarias y proporcionadas" de acuerdo con los hechos denunciados.

Lijo deberá definir las medidas

El requerimiento presentado por la Fiscalía ahora deberá ser analizado por el juez federal Ariel Lijo, quien deberá determinar cuáles de las medidas solicitadas autoriza. El impulso de la acción penal representa el comienzo de una investigación sobre Tapia, aunque no implica por sí mismo una imputación formal contra el presidente de la AFA.

La precisión resulta central para el estado actual del expediente: la Fiscalía busca reunir información y documentación que permita avanzar en el análisis de la situación patrimonial del dirigente, pero el impulso de la investigación no equivale a una imputación formal.

Fuentes del caso aclararon además que no se ordenaron allanamientos, pese a que esa posibilidad había trascendido. Por el momento, las diligencias solicitadas están orientadas a recopilar documentación e información que permita reconstruir la situación patrimonial del titular de la AFA durante los años que forman parte del análisis.

La denuncia que dio origen al expediente

La causa comenzó a partir de una denuncia presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un litigio con Tapia. En su presentación, Tofoni sostuvo que el presidente de la AFA había registrado un importante crecimiento patrimonial mientras ejercía funciones en la CEAMSE.

Uno de los puntos centrales de la denuncia es el análisis de la evolución de los bienes y recursos declarados por Tapia entre 2017 y 2024. Según el análisis incorporado a la denuncia, el dirigente habría registrado durante ese período un incremento patrimonial cercano al 1000%.

A partir de ese dato, la investigación judicial buscará determinar si la evolución del patrimonio se corresponde con los ingresos declarados por Tapia durante los años bajo análisis. La reconstrucción solicitada por la Fiscalía apunta precisamente a contrastar la información declarada con los movimientos económicos y financieros registrados durante ese período.

Qué declaró Tapia en 2017 y qué informó en 2024

La documentación incorporada al expediente contiene datos sobre las declaraciones patrimoniales correspondientes a distintos momentos del período investigado.

En 2017, Tapia declaró cuatro propiedades con un valor fiscal de $17 millones, además de un vehículo y $1,5 millones en efectivo. La declaración jurada correspondiente a 2024 muestra, en cambio, una composición patrimonial con montos significativamente superiores en algunos de los rubros informados.

Estos datos forman parte de la documentación incorporada al expediente y constituyen uno de los elementos sobre los cuales se buscará establecer cómo evolucionó el patrimonio del dirigente.

Los ingresos declarados por el presidente de la AFA

La denuncia también puso el foco en los ingresos declarados por Tapia derivados de sus distintas actividades. Según los documentos incorporados a la causa, el dirigente informó ingresos anuales por $100.233.144 como presidente de la CEAMSE y por $718.536.500 como vicepresidente de la CONMEBOL.

En cuanto a su función como presidente de la AFA, el cargo es ad honorem. La información sobre los ingresos constituye otro de los elementos que la Fiscalía busca contrastar con la evolución patrimonial registrada durante el período investigado.

Con las medidas solicitadas, el objetivo es reunir documentación que permita analizar de manera conjunta los ingresos declarados, los movimientos financieros, el patrimonio y el nivel de gastos del dirigente durante los años comprendidos en la investigación.

La CEAMSE y el conflicto de competencia

El expediente tuvo además un recorrido judicial marcado por una disputa de competencia. La causa comenzó en la Justicia porteña, pero posteriormente se planteó una discusión sobre qué fuero debía intervenir debido al carácter interjurisdiccional de la CEAMSE, organismo integrado por la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

La disputa llegó a la Justicia Federal y finalmente la Cámara Federal de Comodoro Py determinó que la investigación debía tramitar en el fuero federal. A partir de esa decisión, el expediente quedó a cargo del juez Ariel Lijo, quien ahora deberá resolver sobre las medidas solicitadas por el fiscal Pollicita.

La trayectoria de Tapia en la CEAMSE

La investigación también está vinculada con el período durante el cual Tapia desempeñó funciones dentro de la CEAMSE.

El dirigente integra el organismo desde 2014, cuando fue designado vicepresidente. Posteriormente, en 2024, pasó a ocupar la presidencia de la CEAMSE por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

La relación entre esas funciones y la evolución patrimonial denunciada constituye uno de los ejes de la investigación impulsada por la Fiscalía. En ese marco, el requerimiento de Pollicita busca obtener información que permita reconstruir la situación económica y patrimonial de Tapia y establecer la correspondencia entre sus bienes, sus movimientos financieros, sus gastos y los ingresos que fueron declarados.