La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) elevó una fuerte advertencia al Estado nacional al manifestar su preocupación por la grave crisis que atraviesan numerosas instituciones dedicadas al cuidado de personas con discapacidad. A través de una carta dirigida al ministro de Salud, Mario Lugones, los obispos solicitaron una respuesta urgente y concreta frente a un escenario que, según remarcaron, compromete la continuidad de prestaciones esenciales en todo el país.
El planteo eclesiástico pone el foco en una crisis económica calificada como "de extrema gravedad", originada en el retraso y la insuficiencia de los aportes estatales, una situación que ya comenzó a impactar de forma directa en la atención diaria que reciben miles de personas.
Déficits que afectan la atención cotidiana
Según expuso la Comisión Ejecutiva, la falta de regularización en los recursos genera déficits crecientes que afectan áreas sensibles y absolutamente básicas para el funcionamiento de los centros.
Entre los aspectos comprometidos, los obispos detallaron la alimentación de los residentes, provisión de medicamentos, pago de salarios al personal y sostenimiento general de la atención diaria
El Episcopado subrayó que se trata de instituciones donde se realiza una tarea "silenciosa y generosa", sostenida por el compromiso solidario de numerosos actores sociales, especialmente enfocados en el acompañamiento de quienes requieren mayor asistencia.
La advertencia no se limita a una cuestión administrativa o presupuestaria, sino que pone de relieve el impacto humano inmediato que puede derivarse de la falta de respuestas.
El caso de los cottolengos Don Orione
Dentro de los casos señalados, la Iglesia mencionó de manera puntual a los cottolengos Don Orione, donde la situación aparece como especialmente delicada. Allí, la continuidad del cuidado de unas 1.200 personas con discapacidad se encuentra en riesgo inmediato, debido a que los compromisos asumidos por organismos nacionales no se regularizan desde fines de 2025, mientras los costos operativos continúan en aumento.
Los datos centrales expuestos sobre este caso son:
- 1.200 personas asistidas
- Riesgo concreto sobre la continuidad del cuidado
- Falta de actualización de compromisos desde fines de 2025
- Aumento sostenido de los costos operativos
La referencia puntual a estos espacios refuerza la dimensión nacional del problema y el nivel de urgencia del reclamo.
Consecuencias visibles
La carta también detalla que los efectos de la crisis ya son palpables en distintas instituciones del país. Entre las consecuencias que la Iglesia considera ya visibles se encuentran:
- Endeudamiento creciente
- Riesgo de cierre de hogares
- Restricciones para recibir nuevos residentes
- Deterioro en la calidad de las prestaciones
El documento remarca que, en muchos casos, las personas asistidas requieren acompañamiento integral para las actividades más básicas de la vida cotidiana, lo que vuelve aún más crítica cualquier interrupción del servicio La continuidad de estos espacios aparece así ligada no solo al financiamiento, sino a la posibilidad concreta de sostener condiciones mínimas de cuidado.
"Las personas con discapacidad no pueden esperar"
En su pronunciamiento, la Comisión Ejecutiva retomó un mensaje ya expresado en mayo del año pasado, cuando advirtió que "las personas con discapacidad no pueden esperar". Sobre esa línea, reiteró el pedido de cumplimiento de la ley 24.901, norma que regula el sistema de prestaciones básicas destinadas a este sector.
Los obispos enfatizaron que muchas de estas instituciones nacieron del compromiso de comunidades religiosas y civiles, constituyéndose con el tiempo en un patrimonio social fundamental. El documento insiste en que el cuidado de la vida y de las personas más frágiles representa un pilar central para cualquier comunidad organizada.
