La reunión de la mesa política del Gobierno nacional transcurría con normalidad hasta que un tema sensible volvió a irrumpir en escena. En un encuentro encabezado por Karina Milei y del que participaron Manuel Adorni, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín y Lule Menem, Diego Santilli y otros referentes del oficialismo, la situación patrimonial del jefe de Gabinete terminó generando un intercambio que reflejó las tensiones internas que atraviesa la administración libertaria.

La reunión comenzó en un clima distendido. Incluso hubo tiempo para celebrar de manera anticipada el cumpleaños número 70 de Patricia Bullrich, con una torta sorpresa organizada en el despacho de Adorni dentro de la Casa Rosada. Sin embargo, el tono cambió cuando comenzaron a analizar cuestiones legislativas.

Según trascendió, el cruce se produjo cuando Adorni planteó la estrategia para impulsar la reforma de la ley de Inocencia Fiscal. Fue entonces cuando Bullrich cuestionó los alcances de la normativa y preguntó si la adhesión al régimen permitía evitar consecuencias derivadas de fondos no declarados.

La discusión se desarrolló frente al resto de los integrantes de la mesa política, que mantuvieron silencio durante el intercambio. Karina Milei no intervino y Adorni respondió a los cuestionamientos sin alterar el tono de la conversación. De acuerdo con versiones surgidas tras la reunión, el funcionario sostuvo que el dinero obtenido fuera del sistema formal no provenía únicamente de operaciones vinculadas al mundo cripto, sino también de otras actividades.

El episodio se produjo en medio de la controversia generada por la declaración jurada presentada por Adorni ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), donde informó un blanqueo de 500.000 dólares. El tema viene generando incomodidad dentro del oficialismo, aunque hasta ahora había permanecido al margen de las conversaciones formales de la mesa política.

Tras el encuentro, Bullrich se retiró primero de la Casa Rosada. Poco después trascendió que había reclamado que Adorni cumpla con la obligación de presentar su informe de gestión ante el Senado, ámbito al que todavía no concurrió desde que asumió como jefe de Gabinete.

El malestar por el manejo del caso comenzó a hacerse evidente dentro del Gobierno. Aunque el presidente Javier Milei mantiene su respaldo al funcionario, distintas voces del oficialismo expresan preocupación por las consecuencias políticas que podría tener la situación.

A diferencia de otras ocasiones, cuando Adorni recibió un fuerte respaldo institucional durante sus exposiciones públicas, en las últimas semanas predominó el silencio de gran parte del gabinete. En paralelo, dirigentes y asesores cercanos al Gobierno evitaron realizar defensas públicas contundentes sobre la polémica.

Las PASO y la reforma electoral

Más allá de la discusión interna, la reunión también dejó en evidencia las dificultades que enfrenta el oficialismo para avanzar con su agenda legislativa.

Uno de los principales objetivos es impulsar una reforma electoral que incluya cambios en el sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Hasta ahora, el Gobierno no logró reunir el consenso necesario para eliminarlas de manera definitiva, aunque aseguran que existen avances para suspenderlas en los próximos comicios.

Las negociaciones contemplan un paquete más amplio que incluiría la habilitación de listas colectoras, el tratamiento separado de Ficha Limpia, el desdoblamiento de elecciones provinciales y acuerdos particulares con distintos gobernadores.

Se trata de un debate que también genera interés en provincias como Catamarca, donde cualquier modificación en el esquema electoral nacional puede tener impacto en la organización de los futuros procesos electorales y en la estrategia política de los distintos espacios.

La polémica por la ley de Inocencia Fiscal

Otro de los puntos centrales de la discusión es la reforma de la ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Economía con el objetivo de incentivar la incorporación al sistema formal de dólares que permanecen fuera del circuito bancario.

La controversia se intensificó luego de conocerse que Adorni y su esposa utilizaron el régimen para acceder a beneficios fiscales vinculados al blanqueo de fondos. La norma fue aprobada el 26 de diciembre en sesiones extraordinarias y reglamentada el 2 de enero.

La revelación abrió interrogantes sobre los alcances de la ley y sobre la posibilidad de que funcionarios públicos puedan acceder a este tipo de beneficios. La cuestión también despertó cuestionamientos relacionados con los estándares internacionales de transparencia y prevención del lavado de dinero.

En el ámbito financiero, distintas voces señalaron que las entidades bancarias continúan obligadas a cumplir estrictas normas de control y a reportar operaciones sospechosas cuando detectan movimientos incompatibles con el perfil económico de una persona o empresa.

Según el proyecto de reforma que analiza el Gobierno, no existirían límites de ingresos para ingresar al régimen simplificado de Ganancias ni topes para los montos que puedan ser exteriorizados, siempre que los fondos sean bancarizados. Además, se incorporaría un límite temporal hasta diciembre de 2027.

La investigación judicial sigue su curso

Más allá del respaldo político que mantiene dentro del Gobierno, la situación judicial de Adorni continúa bajo análisis.

La presentación de nuevas declaraciones juradas y la rectificación de documentos anteriores forman parte de la estrategia de defensa impulsada por sus abogados. Sin embargo, esas medidas no detienen las investigaciones vinculadas a la evolución de su patrimonio.

La Justicia busca reconstruir el origen de los fondos declarados, la trazabilidad de las operaciones financieras realizadas y los movimientos que permitieron el crecimiento patrimonial informado por el funcionario.

En ese marco, el fiscal Gerardo Pollicita aguarda informes contables para avanzar con nuevas medidas de investigación. Entre los puntos bajo análisis figuran el origen de los fondos, los registros de las operaciones realizadas y la justificación patrimonial correspondiente.

Mientras tanto, el caso sigue generando ruido dentro del oficialismo y amenaza con condicionar tanto la agenda legislativa como las negociaciones políticas que el Gobierno intenta cerrar de cara a las elecciones de 2027.