El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 suspendió el decreto del Gobierno nacional que había dejado sin efecto la ley de financiamiento universitario, y ordenó al Poder Ejecutivo aplicar de manera inmediata los aumentos salariales y de becas para estudiantes del sistema universitario público, una decisión con alcance federal que impacta también en Catamarca.
La resolución fue dictada por el juez Martín Cormick, quien consideró que existe un deber claro por parte del Estado de cumplir con la norma, en función del proceso legislativo que incluyó el veto del presidente Javier Milei y la posterior ratificación de la ley por ambas cámaras del Congreso.
En los fundamentos del fallo, el magistrado sostuvo que "el deterioro salarial tiene una incidencia no sólo sobre el colectivo demandante sino sobre el efecto de su trabajo", y advirtió que esta situación implica "una afectación del Derecho a enseñar y aprender del artículo 14 de la Constitución Nacional".
Cormick agregó que la no concesión de la medida cautelar implicaría, en esta instancia inicial del proceso, "un ahorro poco significativo porcentualmente para el presupuesto global de gastos de la Administración Pública Nacional", relativizando así el impacto fiscal invocado por el Ejecutivo.
La acción judicial se originó luego de que el Congreso ratificara la ley vetada por el Presidente, decisión que posteriormente fue dejada sin efecto por el decreto ahora suspendido. En ese marco, el juez subrayó que, en una revisión preliminar, la insistencia legislativa debe prevalecer sobre cualquier suspensión administrativa, dado que la Constitución Nacional no contempla una alternativa de ese tipo.
El magistrado también cuestionó el fundamento jurídico del decreto, que se apoyaba en la ley 24.629, la cual exige financiamiento explícito para la creación de nuevos gastos. Según Cormick, una norma de menor jerarquía no puede imponerse sobre un mandato constitucional expreso.
Finalmente, descartó que la medida cautelar genere consecuencias irreversibles, al tratarse de una decisión temporal, sujeta a los debates presupuestarios en curso. La suspensión del decreto, indicó, respeta el principio de división de poderes y se mantendrá vigente hasta que exista una resolución definitiva, con una caución juratoria como garantía.
Financiamiento universitario: recursos y salarios garantizados
La Ley 27.795 tiene como objetivo asegurar la continuidad y el sostenimiento de la educación universitaria pública. Entre sus principales disposiciones se destacan:
La actualización automática de los presupuestos universitarios según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
La recomposición salarial de docentes y no docentes, con carácter remunerativo y bonificable, incluyendo la incorporación plena de sumas no remunerativas.
La convocatoria obligatoria a paritarias nacionales, con actualizaciones mensuales no inferiores a la inflación.
La revisión y fortalecimiento de programas de becas estratégicas y el apoyo a estudiantes en situación de vulnerabilidad.
