La Cámara de Diputados se prepara para avanzar con la modificación de la Ley de Glaciares, un proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei que ya cuenta con media sanción del Senado y que podría aprobarse en abril con respaldo de provincias como Catamarca.
Tras el fin de semana largo, el oficialismo abrirá esta semana dos jornadas de audiencias públicas —miércoles y jueves, de 10 a 19— con posibilidad de extenderse hasta la medianoche. La intención de La Libertad Avanza es dictaminar entre el 7 y el 8 de abril y llevar el proyecto al recinto el 15 del mismo mes.
Las audiencias estarán coordinadas por los diputados José Peluc y Nicolás Mayoraz, presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales. Aunque se registraron más de 100 mil inscriptos, se implementó un sistema virtual que limita las exposiciones a cinco minutos por participante y un documento de hasta diez páginas.
Este mecanismo generó cuestionamientos por parte de organizaciones ambientalistas, que presentaron una medida cautelar para garantizar la participación plena. El reclamo, impulsado por entidades como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Greenpeace Argentina, fue rechazado por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, que permitió la realización de las audiencias.
Desde el oficialismo defendieron el procedimiento. Mayoraz aseguró que el proceso cumple con los estándares del Acuerdo de Escazú y cuestionó a las ONG por intentar frenar el debate.
Otro punto de controversia es la limitación en la participación presencial: solo podrán asistir diputados integrantes de las comisiones involucradas, mientras que el resto de los legisladores y asesores quedarán excluidos de las jornadas.
En paralelo, el Gobierno trabaja para reunir el quórum necesario de 129 diputados. En esa estrategia, los presidentes de la Cámara y del bloque oficialista, Martín Menem y Gabriel Bornoroni, buscan sumar apoyos del PRO, la UCR y legisladores de provincias cordilleranas.
En ese esquema, el respaldo de distritos como Catamarca resulta clave. El gobernador Raúl Jalil participó activamente del debate en el Senado y sus representantes acompañarían la iniciativa, al igual que legisladores de San Juan, Mendoza y Salta.
La reforma apunta a modificar la ley vigente desde 2010, que establece la protección total de glaciares y del ambiente periglacial. El nuevo texto propone otorgar mayor margen a las provincias para definir qué áreas proteger y en cuáles habilitar actividades productivas.
Entre los cambios más relevantes, se permitiría el desarrollo de actividades industriales —como la minería y la exploración petrolera— en zonas periglaciales, en función de su aporte hídrico y bajo criterio de las jurisdicciones provinciales.
El proyecto fue aprobado en el Senado el pasado 26 de febrero por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención. Si Diputados lo sanciona sin modificaciones, se convertirá en ley; de lo contrario, deberá regresar a la Cámara alta.