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Nueva sospecha de corrupción

Nueva denuncia contra Manuel Adorni por contratos millonarios y licitaciones públicas

La diputada Marcela Pagano impulsó una presentación judicial que apunta contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presuntas irregularidades en licitaciones públicas y posibles conflictos de interés.

19 Marzo de 2026 21.08

La diputada del monobloque Coherencia, Marcela Pagano, presentó una denuncia penal que busca esclarecer presuntas irregularidades en contrataciones públicas y en la concesión del predio de Tecnópolis. La presentación, que se conoció este jueves, involucra directamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y abre un frente judicial de alto impacto político.

El escrito judicial apunta a posibles delitos contra la administración pública, vinculados tanto a licitaciones de servicios de mensajería masiva como al proceso de concesión de Tecnópolis, bajo la órbita estatal durante el período 2025-2026. La denuncia no solo describe hechos puntuales, sino que también sugiere la existencia de un entramado de relaciones empresariales que, de confirmarse, podría comprometer principios esenciales como la competencia y la transparencia.

Licitaciones bajo sospecha: contratos millonarios y posibles vínculos societarios

Uno de los ejes centrales de la denuncia gira en torno a una licitación impulsada desde la Secretaría de Comunicación y Medios. Según el documento, el proceso habría adjudicado a la empresa ATX S.A. un contrato por más de $3.650 millones, destinado a la prestación de servicios de mensajería masiva.

Los servicios incluidos en ese contrato abarcan:

Envío de SMS

Distribución de correos electrónicos

Realización de llamadas automatizadas

Sin embargo, el aspecto más sensible no radica únicamente en el monto, sino en las posibles conexiones entre las empresas participantes. La denuncia advierte sobre vínculos societarios entre:

ATX S.A.

Area Tech S.A.

Movilgate S.R.L.

Estas relaciones podrían haber afectado los principios de competencia, generando un escenario en el que distintas firmas, aparentemente independientes, actuarían de manera coordinada.

Además, el escrito señala variaciones de precios en licitaciones similares y la reiterada participación de empresas relacionadas en distintos procesos. Este patrón, según la denunciante, podría configurar una "simulación de competencia", una práctica que perjudicaría directamente al Estado al limitar la transparencia y la eficiencia en la asignación de recursos públicos.

Tecnópolis: una concesión multimillonaria bajo la lupa

El segundo eje de la denuncia se centra en la concesión del predio de Tecnópolis, un proceso estimado en más de $183.300 millones. La gestión de esta operación estuvo a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo que depende de la Jefatura de Gabinete.

En este punto, la presentación judicial introduce un elemento clave: un presunto conflicto de interés. Se menciona la relación entre la consultora +Be, propiedad de Bettina Julieta Angeletti —esposa de Manuel Adorni—, y empresas vinculadas al proceso de concesión.

Entre ellas, se destaca:

Grupo Foggia, vinculado a una de las firmas preseleccionadas para la concesión

Participación conjunta con DirecTV Argentina

La denuncia también detalla conexiones comerciales con otras compañías que mantienen contratos con el Estado, lo que, según el documento, podría configurar un entramado de relaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Posibles delitos y pedido de investigación

De acuerdo con el contenido del escrito, los hechos denunciados podrían encuadrarse en una serie de delitos graves, entre ellos:

Fraude contra la administración pública

Negociaciones incompatibles con la función pública

Abuso de autoridad

Asociación ilícita

Enriquecimiento ilícito

La amplitud de las figuras penales mencionadas refleja la magnitud de las sospechas planteadas y el alcance potencial de la investigación.

En ese sentido, la diputada Pagano solicitó formalmente la apertura de una investigación penal y la implementación de medidas de prueba que permitan determinar las responsabilidades tanto de funcionarios como de empresarios involucrados.