La puesta en marcha de una nueva tabla de valuación para vehículos ha desatado un cruce de acusaciones entre el Gobierno nacional y la gestión de la Ciudad de Buenos Aires (CABA). El eje de la disputa es el impacto real en el bolsillo de los contribuyentes, luego de que el Ministerio de Justicia publicara un ranking donde la Ciudad queda posicionada como la jurisdicción más costosa para tramitar una patente en todo el país.

El ranking de la controversia nacional

Desde el Ministerio de Justicia, fundamentaron la publicación del listado bajo la premisa de ofrecer valores "reales y transparentes" frente a lo que denominaron "inflaciones artificiales". Según el informe elaborado por la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA), las tres jurisdicciones que más caro cobran por inscribir un 0 km son:

• CABA: Primer puesto, con alícuotas que según Nación rozan el 6%.
• Provincia de Buenos Aires: Segundo lugar, con un porcentaje de hasta el 4,7%.
• Tierra del Fuego: Tercer escalafón, con un arancel de hasta el 4%.

Las autoridades nacionales lamentaron que la Ciudad no adoptara su nueva tabla de valores, la cual calificaron como "la más económica", y acusaron a la gestión porteña de perjudicar directamente a los ciudadanos al optar por valuaciones más elevadas que las sugeridas por la cartera nacional.

La respuesta de Uspallata y el tope por ley

La réplica de las autoridades porteñas fue inmediata y tajante a través de las redes sociales. Bajo el calificativo de "falso", el Gobierno de la Ciudad aseguró que la alícuota promedio ponderada de patentes es, en realidad, del 2,5%. Explicaron que la discrepancia surge del uso de las tablas de ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina), implementadas a fines de 2024 para unificar criterios tributarios y evitar que modelos similares pagaran montos distintos por pequeñas diferencias de fabricación.

Para contener el malestar de los usuarios ante aumentos que en algunos casos tocaron el 100%, la Ciudad anunció el envío de un proyecto de ley a la Legislatura para limitar cualquier incremento del impuesto a la inflación de 2025. Según los datos técnicos oficiales de la Ciudad, el impacto del nuevo esquema se divide de la siguiente forma:

• 68% de los usuarios no sufrieron alteraciones en sus boletas.
• 16% de los contribuyentes percibieron una baja en el impuesto.
• 16% registraron subas desproporcionadas que ahora serán corregidas.

Finalmente, el Gobierno porteño confirmó que se prorrogarán los vencimientos actuales para modificar las boletas afectadas, remarcando que en ningún caso la variación superará el índice inflacionario del año anterior. Esta medida busca dar alivio ante las discrepancias detectadas en los valores fiscales de ciertos segmentos vehiculares tras el cambio de referencia.