El Gobierno nacional trabaja en la elaboración de un decreto de reasignación presupuestaria para financiar las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, dos normas con impacto directo en las provincias, incluida Catamarca, tanto en el sistema universitario como en la cobertura de prestaciones sociales.

Desde el Ejecutivo aseguran que los aumentos de partidas se ajustarán al principio de déficit cero y que su implementación se realizará de acuerdo con la interpretación oficial sobre el alcance de las leyes. "Estamos analizando opciones. No vamos a desfinanciar un sector en particular", señalaron fuentes gubernamentales.

En la Casa Rosada rechazaron además la posibilidad de que el recorte de recursos se concentre exclusivamente en las asignaciones a las provincias. Esta definición formó parte de las respuestas acordadas por la mesa política del oficialismo tras la caída del capítulo XI del Presupuesto 2026 en el Congreso.

La iniciativa es trabajada por los equipos técnicos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien evalúa el uso de las facultades de reasignación presupuestaria para redistribuir fondos. En Nación no descartan la emisión de un decreto administrativo de ejecución mensual, que permita ajustar los créditos conforme se actualicen las cuentas de referencia, la recaudación y las metas fiscales.

Pese a este esquema transitorio, en Balcarce 50 insisten en que buscarán avanzar en el corto plazo con la derogación de ambas leyes, con el objetivo de evitar completar a lo largo del año el incremento del gasto previsto. "Los aumentos los vamos a hacer a nuestro gusto, como hicieron todos los gobiernos", expresaron desde el entorno oficial.

La Ley de Financiamiento Universitario estableció una actualización de los gastos de funcionamiento según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), junto con una recomposición de los salarios docentes y no docentes. De acuerdo con el informe de impacto fiscal de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la norma implica un costo estimado de $738.595 millones, equivalente al 0,14% del PBI, entre gastos operativos y salariales.

Por su parte, la Ley de Discapacidad declaró la emergencia nacional y amplió tanto las prestaciones como el universo de beneficiarios. Según distintos escenarios de incorporación a la Pensión No Contributiva y a las prestaciones de salud, se estima un impacto fiscal del 0,42% del PBI. En la Casa Rosada advierten que el texto "no define con precisión los universos".

Durante la última semana, el Gobierno avanzó en una contrapropuesta para ambas leyes que incluye modificaciones. En el caso del sistema universitario, propone una actualización automática acotada: un 20% de aumento en gastos de funcionamiento respecto de 2025 y una recomposición salarial escalonada, con un 5% desde diciembre de 2025 y luego cuatro subas mensuales del 2% entre enero y abril de 2026.

En materia de Discapacidad, el Ejecutivo mantiene la declaración de emergencia, pero plantea que la prestación quede vinculada a parámetros previsionales. Propone fijar la pensión en el 70% del haber mínimo jubilatorio, habilitar su compatibilidad con trabajo formal si los ingresos no superan dos salarios mínimos, incorporar una compensación retroactiva para prestadores y establecer un ajuste trimestral de aranceles a cargo de Salud y ANDIS, con cláusula de referencia al IPC en caso de falta de definición.