Este miércoles la Cámara Federal de Casación confirmó que rechaza liberar al empresario Lázaro Báez y al contador Daniel Pérez Gadín, por lo cual ambos seguirán bajo prisión domiciliaria en la causa en la cual se los investiga por presunto lavado de dinero en la compra de propiedades. El tribunal considera que existe riesgos procesales para la causa si ambos quedan en libertad.

La defensa había apelado la negativa a quedar libre que previamente resolvió el Tribunal Oral Federal 4.

Báez y Pérez Gadín fueron detenidos en abril de 2016 y desde entonces están detenidos. Fueron apresados en la llamada causa de “la ruta del dinero K” en la que en febrero del año pasado fueron condenados por el lavado de 32.800.000 de dólares. Báez recibió una condena de 12 años de prisión y Pérez Gadín de ocho años.

En ese expediente ambos recibieron la libertad, pero siguen detenidos en otra causa de lavado de dinero. Es por la compra de un departamento en la ciudad de Buenos Aires, dos inmuebles en Uruguay, el campo “El Entrevero” en Mendoza y un terreno en el barrio “El Faro de José Ignacio”, también en Uruguay. El Tribunal Oral Federal 4 les revocó la prisión preventiva y les dio la detención domiciliaria.

Sin embargo, la defensa a cargo del abogado Juan Villanueva, objetó que el empresario está detenido sin condena hace seis años cuando el plazo máximo establecido en la ley es de tres. Además, alegó que la decisión del tribunal fue contradictoria porque revocó la prisión preventiva pero deja en domiciliaria. 

Dos fiscales avalaron estos planteos, Abel Córdoba y su colega ante la Casación, Javier De Luca.

Sin embargo, los jueces de Casación Gustavo Hornos y Javier Carbajo rechazaron el pedido y compartieron el criterio del Tribunal Oral, que consideró la existencia de riesgos procesales que ameritaba mantener las prisiones domiciliarias. Además,  tuvieron en cuenta la gravedad, que Báez y Pérez Gadín cuentan con condenas y que se presume que tienen los recursos económicos para abandonar el país o permanecer ocultos. También destacaron que hay peligro de entorpecimiento para la averiguación de la verdad porque está la sospecha acerca de que se desconocería el destino de parte de los fondos que habrían sido lavados.

El juez Hornos destacó en su voto que “no puede ignorarse el tremendo impacto que el crimen organizado y el ingreso y movimiento de fondos y activos provenientes del delito tienen a nivel nacional e internacional; la afectación del orden económico financiero, el orden público interno, la gobernabilidad y la estabilidad misma de un Estado”.

Los magistrados también le pidieron a Tribunal Oral que con urgencia fijen la fecha de juicio oral contra Báez y Pérez Gadín.

Por su parte, el juez Mariano Borinsky votó por anular el fallo del Tribunal Oral. Remarcó que los fiscales habían dictaminado por el cese de las prisiones porque se habían superado los límites máximos previstos. Y destacó que los fiscales consideraron suficiente para garantizar la sujeción de Báez y Pérez Gadín a la causa la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico de GPS con un radio de cien kilómetros a la redonda de su lugar de residencia, la prohibición de salida del país, la retención de sus pasaportes y la obligación de presentarse quincenalmente en los tribunales.

La Cámara de Casación comenzó a analizar las condenas de Báez, de Pérez Gadín y del resto de los acusados en la causa de lavado de dinero. Y el empresario está siendo juzgado junto con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en la causa de la obra pública.