La reciente aprobación de la reforma laboral en el Senado de la Nación ha abierto una grieta profunda en el seno del movimiento obrero argentino. El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, emergió como una de las voces más críticas no solo contra el texto legal, sino contra la estrategia de la Confederación General del Trabajo (CGT). En un tono cargado de sospecha y confrontación, el dirigente estatal puso en duda la transparencia de las negociaciones que permitieron la sanción de una norma que, según su visión, representa un retroceso sin precedentes para la clase trabajadora.
Para Aguiar, la ley sancionada es una pieza legislativa "pésima de principio a final" que carece de cualquier orientación hacia el progreso social. Según denunció, el articulado no contiene "ni siquiera una partecita" que establezca una mejora, un beneficio o un crecimiento en los derechos laborales. Por el contrario, fundamentó su rechazo en el Pacto de San José de Costa Rica, señalando que cualquier modificación normativa debería respetar el principio de progresividad de los derechos sociales. Desde esta perspectiva, la reforma es vista como una eliminación de conquistas históricas bajo el disfraz de una actualización necesaria.
El cuestionamiento a la CGT y el "caballo de Troya"
El punto de mayor fricción en el discurso de Aguiar fue la supuesta negociación entre la central obrera y el Poder Ejecutivo. El dirigente lanzó una pregunta que sintetiza el malestar de los sectores que se movilizaron: "¿Se canjeó plata por precarización?". La crítica apunta a un esquema donde, según sus palabras, se quitaron los artículos que perjudicaban el financiamiento de los sindicatos, pero se mantuvieron aquellos que impactan negativamente sobre los laburantes.
Aguiar vinculó estas negociaciones directamente con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de quien sostuvo que "reconoció públicamente que negoció". Ante este escenario, el titular de ATE calificó la ley como un "caballo de Troya" y un "regalo envenenado". Su argumento central es que las organizaciones sindicales no pueden priorizar su propio financiamiento por encima de la protección de sus representados: "Soy consciente de la importancia del financiamiento para las organizaciones sindicales, pero no pueden ganar los gremios y perder los trabajadores", sentenció de manera tajante.
Resistencia en las bases y el rol de la justicia
Ante el anuncio de la CGT de iniciar procesos judiciales el próximo lunes para pedir la inconstitucionalidad de la norma, Aguiar se mostró escéptico y crítico. Cuestionó que la central no participara de las movilizaciones y que recurriera a los abogados antes que a la lucha en las calles. "Nunca vi pedir la inconstitucionalidad de algo que no estaba votado. Aparece más como una excusa para no salir a la calle", afirmó. Para el dirigente, la lógica gremial debe ser inversa: "La lucha viene primero y el abogado viene después".
Asimismo, lanzó una advertencia directa sobre la operatividad de la ley:
- Inaplicabilidad territorial: Aguiar aseguró que la ley "no se va a poder aplicar" porque los trabajadores en los sectores de trabajo no han sido comprados como, según él, ocurrió en el Congreso.
- Desobediencia sindical: El gremialista adelantó que no cumplirá con las restricciones administrativas de la norma: "Yo no voy a pedir permiso para hacer una asamblea, jamás".
- Derrota social: Pese al triunfo institucional del oficialismo, Aguiar sostiene que existe un rechazo del 70% de los argentinos (siete de cada diez) que son conscientes de los perjuicios de la reforma.
El impacto en el Estado y la legitimación del fraude laboral
Uno de los puntos técnicos que más preocupa a ATE es el impacto en la administración pública. Aunque algunos sectores minimizan el alcance de la reforma en el Estado, Aguiar explicó que numerosos organismos como PAMI, ANSES o Vialidad Nacional se rigen por la Ley de Contrato de Trabajo de manera directa o supletoria a través de sus convenios colectivos.
El golpe más duro, según el dirigente, se da contra los trabajadores precarizados bajo figuras de monotributo. Los cambios fundamentales en este aspecto incluyen:
- Fin de la presunción del vínculo laboral: Antes, el hecho de cumplir órdenes y horarios permitía reconocer la relación de dependencia. La nueva ley elimina esta presunción.
- Legitimación del fraude: Aguiar denunció que se está legalizando la situación de miles de trabajadores que facturan pero realizan tareas de planta permanente.
- Incertidumbre en las contrataciones: Tras un período donde el oficialismo "hizo lo que quiso" con los contratos anuales sin tener la ley, el gremio teme que a partir del próximo lunes el margen de acción para la precarización sea total.
Finalmente, Aguiar analizó la dinámica parlamentaria en el Senado, señalando que la discusión se limitó a una aceptación o rechazo de los cambios de Diputados, lo cual generó confusión y abstenciones. A pesar de las diferencias insalvables con la cúpula de la CGT, el dirigente remarcó que "no son tiempos para fracturas", aunque insistió en que la central obrera tiene muchas cosas que explicar a sus bases sobre el costo de esta reforma.
