La Cámara de Senadores de la provincia llevó adelante su Cuarta Sesión Extraordinaria, en una jornada marcada por decisiones legislativas de alto impacto institucional y económico. La sesión fue presidida por la vicepresidenta del Cuerpo, la senadora Romina Williams, quien condujo el tratamiento de un temario que incluyó proyectos con despacho favorable de las comisiones correspondientes.
En este marco, el Pleno incorporó a la Orden del Día y otorgó sanción definitiva a tres iniciativas clave, orientadas al fortalecimiento del sistema judicial y al desarrollo productivo provincial. Las leyes aprobadas abordan aspectos estructurales de la gestión judicial, la utilización de recursos estratégicos y la modernización de los procesos vinculados al ámbito familiar.
Nueva Oficina de Gestión Judicial
En primer término, el Senado convirtió en Ley N° 5937 el proyecto que establece la creación de la Oficina de Gestión Judicial, el cual ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados.
La normativa dispone la implementación de un sistema de gestión asociado dentro del Poder Judicial, estructurado a partir de:
- Oficinas de coordinación estratégica
- Áreas de gestión administrativa
Estas instancias estarán destinadas a asistir a los magistrados en la organización de los procesos judiciales, con el objetivo de mejorar la eficiencia del sistema.
La senadora Pamela López, en calidad de miembro informante, destacó que se trata de "una transformación que evidentemente no es improvisada, sino todo lo contrario, es, ante todo, un acto de responsabilidad política". En su fundamentación, subrayó la necesidad de perfeccionar el sistema de justicia para responder a las demandas sociales.
Uno de los ejes centrales de su intervención fue la problemática de la mora judicial, señalando que se trata de una situación que "no solo afecta expedientes, sino que impacta directamente en nuestros vecinos, porque detrás de cada causa siempre hay una persona que espera".
Asimismo, aclaró que la propuesta no apunta a cuestionar la función de los jueces, sino a reivindicarla, estableciendo una clara diferenciación entre las tareas administrativas y la función jurisdiccional.
Expropiación de El Pantanillo
En segundo término, el Cuerpo Legislativo aprobó la Ley N° 5938, mediante la cual se declara de utilidad pública y sujeta a expropiación un inmueble ubicado en el Parque Industrial El Pantanillo, en la Capital.
El destino de este inmueble será la radicación de industrias y emprendimientos productivos, con el propósito de:
- Fomentar la economía local
- Generar empleo en la región
La senadora Elena Lagoria, encargada de fundamentar el proyecto, recordó que el parque industrial fue concebido como un espacio para promover la instalación de empresas mediante la adjudicación de predios. Sin embargo, advirtió que con el tiempo muchas de ellas abandonaron sus actividades, desvirtuando el objetivo original.
En ese contexto, señaló que la actual gestión provincial impulsa la recuperación del Parque Industrial "El Pantanillo" a través de inversiones estratégicas, aunque remarcó que la existencia de terrenos en desuso representa un obstáculo concreto para el desarrollo productivo.
Finalmente, destacó que la iniciativa responde a un trabajo técnico del Ministerio de Desarrollo Productivo, orientado a optimizar el uso de los recursos provinciales y fortalecer el crecimiento del polo industrial.
Nuevo Código Procesal de Familia
Por último, la Cámara Alta sancionó la ley que establece el nuevo Código Procesal de Familia, al que se le asignó el número de Ley N° 5939. Este cuerpo normativo regula la organización, competencia y procedimientos de los:
- Juzgados de Familia
- Juzgados de Violencia Familiar y de Género
- Cámaras de Apelaciones con competencia en la materia
El nuevo código tiene como objetivo modernizar el sistema judicial, incorporando:
- Procesos más ágiles
- Mayor oralidad
- Perspectiva de derechos
- Uso de herramientas tecnológicas
La senadora Carolina Casas sostuvo que esta normativa constituye una herramienta que no solo ordena procedimientos, sino que transforma la forma en que el Estado aborda los conflictos familiares. En ese sentido, enfatizó que el nuevo esquema parte de una premisa central: una justicia humana, accesible y efectiva.
Además, destacó que se trata de "un modelo de justicia más cerca de la gente, porque en materia de familia llegar tarde también es una forma de injusticia". En su intervención, también subrayó que la iniciativa promueve la resolución pacífica de los conflictos, priorizando el diálogo, la mediación y los acuerdos, junto con la incorporación de herramientas tecnológicas y un uso responsable de las mismas.
