La actividad ganadera en la localidad de Aconquija, departamento Andalgalá, enfrenta una serie de obstáculos que dificultan la comercialización legal de hacienda bovina, según detallaron en un documento, al cual tuvo acceso La Unión.
Desde el sector, advirtieron que la producción ganadera constituye prácticamente el único ingreso para alrededor de 100 familias de la zona, donde se comercializan entre 800 y 1000 cabezas de ganado por año. Sin embargo, la combinación de aislamiento geográfico, deficiencias en infraestructura y exigencias administrativas complejas condiciona la actividad.
Aislamiento y dificultades con organismos
En este sentido, destacaron que Aconquija se caracteriza por su geografía serrana y de monte, con rutas en mal estado y grandes distancias hacia los centros administrativos. Estas condiciones complican tanto la llegada de compradores como el traslado del ganado y la realización de trámites obligatorios.
Para concretar la venta de ganado deben intervenir tres organismos: la Dirección Provincial de Ganadería, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la Policía de Catamarca.
La Dirección Provincial de Ganadería exige la tramitación del carnet de marcas y señales, documento que debe renovarse cada cinco años y que solo puede gestionarse en la capital provincial, a más de 150 kilómetros de distancia, lo que implica viajes de hasta seis horas entre ida y vuelta.
Por su parte, el SENASA asigna el número RENSPA, controla la vacunación contra aftosa y brucelosis y emite el Documento de Tránsito Electrónico (DTE), requisito indispensable para el traslado de hacienda. Este trámite debe realizarse de forma presencial o digital, una barrera para productores con dificultades de conectividad o acceso a herramientas tecnológicas.
Finalmente, la Policía de Catamarca interviene certificando la propiedad del ganado y visando la documentación para su circulación por rutas provinciales y nacionales.
Los productores apuntaron a la centralización de los trámites en la capital como uno de los principales obstáculos, ya que implica costos y tiempos de traslado elevados para los productores.
Otro problema recurrente es la dificultad para reunir el rodeo completo, debido a que los animales se crían en campos abiertos de zonas serranas. Por esta razón, los productores suelen organizar "juntadas" colectivas para concentrar el ganado destinado a la venta.
En materia administrativa, se destacan dos trabas relevantes. Por un lado, la imposibilidad de comercializar cuando el carnet de marcas y señales está vencido, situación frecuente debido a la distancia y a que durante enero no se reciben trámites de renovación. Por otro, las dificultades para obtener el DTE, asociadas a los costos de traslado al SENASA y a la falta de conectividad.
También señalaron la falta de criterios unificados en los controles policiales. Incluso con documentación visada en origen, algunos traslados pueden ser rechazados en controles camineros.
En este sentido, uno de los ganaderos locales sostuvo en diálogo con La Unión: "Creo que lo mas importante es el Título y la diferencia de criterio entre la Policía Local y el resto de las camineras, puesto que están demorando cargas que salen visadas desde acá (Aconquija). Además las normas de SENASA que no se adecúan a la realidad productiva de Aconquija, y lo injusto es que en pocos lugares se cumple con la vacunación y las normas como en Aconquija".
Además, remarcó: "Las demoras en controles y trámites producen importante pérdidas debido a pérdidas de kilos y disminución en el estado corporal de los animales transportados que redunda en menores valores de los animales. Incluso inducen mortandad del ganado transportado".
Propuestas
Frente a este escenario, los productores locales indicaron una serie de medidas para facilitar la comercialización y promover la regularización progresiva del sector.
Entre ellas, propone permitir la venta de ganado durante enero aun con el carnet vencido, con el compromiso de renovarlo posteriormente. También sugiere flexibilizar en 2026 la emisión del DTE, permitiendo de manera excepcional el uso del documento de otro productor si se acredita la vacunación y la voluntad mediante certificación policial, judicial o del SENASA.
Por último, plantearon la necesidad de unificar criterios en los controles policiales para que se respete la documentación visada en origen.
Los productores locales advirtieron que el objetivo central es superar las barreras administrativas y descentralizar gestiones para evitar que los productores queden fuera del mercado y pierdan su principal fuente de ingresos en medio de un contexto económico cada vez más complicado.
