Las novedades no son buenas en el caso del matrimonio que decidió tomar una casa en Saujil, medida, recordemos, surgida en respuesta a no haber sido adjudicados en el B° 32 viviendas, a pesar de haber figurado en el primer listado emitido por la comuna. Esto por tener este grupo familiar, un menor discapacitado.
En este contexto, este miércoles, según se informó a La Unión, Julio Aivar, el empleado municipal y padre del menor con síndrome de Down, fue notificado de una denuncia penal por usurpación, notificación que llega desde la Fiscalía de Andalgalá luego de 18 días de haberse iniciado el conflicto, siendo la misma promovida por quien fue adjudicada de la vivienda.
La situación es grave, porque, aunque aún no hay orden de desalojo, esta es una posibilidad cierta y así lo fue comunicada a Aivar a la hora de remitirle el oficio judicial. Para esta familia, a pesar de lo complicado del caso, la opción es seguir resistiendo. Ellos siguen sosteniendo que los asiste el derecho del cupo para matrimonios con menor discapacitado y se aferran a eso.
La definición la conocerán este jueves. "Mi suegra tiene turno para entrevistarse con el fiscal Martín Camps este jueves. Allí le van a explicar todo. Mientras hablé con varios abogados y todos me dijeron que tengo que arreglar con la mujer que me hizo la denuncia. Es ella la que debe levantar la denuncia penal", comentó Aivar. En el medio, como única opción de vivienda, está la que prometió la comuna. Sobre eso hay un acta de compromiso con el municipio "pero es malicioso, así que un abogado lo está evaluando", acotó el padre del menor.
En tanto, la duda que maneja esta familia, que, aunque reconoce que la toma de la vivienda fue un acto desesperado y contra la ley, es quién da la orden para que se mantenga la custodia policial. "La fiscalía no dio la orden de la custodia policial", refiere Aivar, quien, aunque es empleado municipal, apunta contra el jefe comunal, Lucas Carrazana.
Por Ian
En el centro de esta delicada situación está Ian, el menor de dos años con síndrome de Down, hijo de Aivar y Micaela, y por quien sus padres se arriesgaron con la toma de esta vivienda, la que ellos remarcan, debía haber sido destinada para ellos. "Nuestro hijo es un gran guerrero y nosotros solo luchamos por hacer valor su derecho a tener una vivienda. Ahora nos quieren quitar lo que nos corresponde y nos amenazan con separarnos del niño. El intendente es el que manda y hace abuso de la autoridad", apuntaron.
Agregan, fundamentando así lo hecho, "que el error no lo cometimos nosotros. Ellos le quitaron la casita que le pertenecía a mi hijo. Es el municipio el que no se está haciendo cargo". "A ellos sí le toman la denuncia, y a nosotros jamás nos quisieron tomar la impugnación de la casa, ni en la comuna ni en la fiscalía. A eso es a lo que nos enfrentamos", finalizó Aivar.
