El Ministerio de Educación y Trabajo informó que se encuentra interviniendo ante una situación compleja de convivencia escolar registrada en el Colegio Privado Pía Didoménico, con el propósito de resguardar los derechos de los estudiantes y evaluar las actuaciones realizadas por la institución. La intervención se puso en marcha a partir de la difusión en redes sociales de un video referido a presuntas agresiones entre estudiantes y de antecedentes relacionados con el acceso no consentido al teléfono celular de una alumna y a material íntimo almacenado en ese dispositivo.
En este contexto, autoridades de distintas áreas del Ministerio se presentaron en el establecimiento educativo para interiorizarse sobre lo ocurrido, revisar documentación y brindar orientaciones para el abordaje de la situación. La visita incluyó una reunión con la representante legal del colegio y la directora del Nivel Secundario, durante la cual se analizaron las actuaciones institucionales vinculadas con el caso.
Como parte de las medidas adoptadas, el organismo requirió a la institución que presente un informe pormenorizado de los hechos y de las acciones implementadas, acompañado por la documentación respaldatoria correspondiente. El plazo establecido para cumplir con ese requerimiento es de 24 horas desde la visita de las autoridades ministeriales.
Además, solicitó la elaboración de un plan individual de protección y continuidad pedagógica para los estudiantes involucrados. Ese instrumento deberá contemplar responsables y mecanismos de seguimiento, con el objetivo de organizar las medidas de acompañamiento y resguardo necesarias.
La difusión del video
De acuerdo con la información oficial, la actuación del Ministerio se inició tras la circulación en redes sociales de un video relacionado con presuntas agresiones entre estudiantes del Colegio Privado Pía Didoménico. A ese elemento se sumaron antecedentes vinculados con el acceso no consentido al teléfono celular de una estudiante y a material íntimo que se encontraba almacenado en el dispositivo.
La situación reúne distintos aspectos que el organismo educativo busca abordar dentro de sus competencias, especialmente en lo referido a la convivencia escolar y a la protección de los derechos de los alumnos involucrados.
El Ministerio indicó que su intervención tiene como finalidad evaluar las actuaciones desarrolladas por la institución y procurar que se adopten las medidas necesarias para resguardar a los estudiantes. En ese marco, la presencia de las autoridades en el colegio permitió mantener un encuentro con sus responsables y revisar documentación relacionada con el caso.
Durante la reunión, las autoridades de Educación Privada, Mediación Escolar y Coordinación Institucional brindaron orientaciones para el tratamiento de la situación. La intervención contempla, además, la presentación de información detallada que permita conocer los hechos y las medidas adoptadas por el establecimiento.
Las áreas ministeriales que participaron de la visita
La visita al Colegio Privado Pía Didoménico estuvo a cargo de representantes de tres áreas del Ministerio de Educación y Trabajo: Educación Privada, Mediación Escolar y Coordinación Institucional.
En el establecimiento, las autoridades mantuvieron una reunión con la representante legal y la directora del Nivel Secundario. Durante ese encuentro se revisó documentación y se brindaron indicaciones para el abordaje de la situación de convivencia escolar.
La actuación ministerial se desarrolla en el marco de las competencias de supervisión del organismo. Según precisó la cartera educativa, su intervención no reemplaza las actuaciones que corresponden a los organismos judiciales competentes ni implica anticipar conclusiones sobre los hechos.
Esta delimitación establece el alcance de la participación del Ministerio: supervisar las actuaciones institucionales, solicitar información y promover las medidas de protección y acompañamiento que correspondan dentro de sus atribuciones, sin sustituir las investigaciones judiciales.
El plazo de 24 horas y la documentación requerida
Uno de los principales requerimientos formulados por el Ministerio fue la presentación de un informe detallado sobre lo ocurrido y las medidas adoptadas por el colegio. La institución deberá acompañar ese documento con los antecedentes y elementos respaldatorios correspondientes.
El plazo fijado es de 24 horas contadas desde la visita ministerial. La solicitud busca reunir información pormenorizada sobre los hechos y las respuestas institucionales, de acuerdo con lo informado oficialmente.
Entre las exigencias planteadas también se encuentra la elaboración de un plan individual de protección y continuidad pedagógica para los estudiantes involucrados. El documento deberá identificar a los responsables de llevar adelante las medidas y establecer mecanismos de seguimiento.
Prevención de la intimidación y la revictimización
El Ministerio remarcó la necesidad de adoptar medidas que permitan prevenir la intimidación, la exposición y la revictimización de los estudiantes involucrados. También destacó la importancia de sostener el acompañamiento tanto a los alumnos como a sus familias.
La protección no se limita a la respuesta inicial frente a los hechos denunciados, sino que incluye la necesidad de organizar medidas de seguimiento y acompañamiento. En esa línea, el plan individual solicitado al colegio deberá contemplar tanto el resguardo de los estudiantes como la continuidad de sus trayectorias pedagógicas.
El organismo educativo señaló que la intervención se desarrolla dentro de sus competencias de supervisión. Al mismo tiempo, aclaró que las actuaciones ministeriales no sustituyen las tareas de los organismos judiciales competentes ni suponen establecer anticipadamente qué ocurrió o determinar responsabilidades.
Preservar la identidad de los menores
En el cierre de su comunicación, el Ministerio de Educación y Trabajo hizo un pedido específico para preservar la identidad de los menores de edad involucrados. Solicitó evitar la difusión de imágenes o información que pueda vulnerar su intimidad.
La advertencia adquiere especial relevancia en un caso que tomó estado público a partir de la circulación de un video en redes sociales y que también incluye antecedentes vinculados con el acceso no consentido a un teléfono celular y a material íntimo almacenado en él.
Por ese motivo, el organismo insistió en la necesidad de resguardar la privacidad de los estudiantes mientras se desarrolla la intervención institucional y se llevan adelante las actuaciones que correspondan.