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Incendios forestales

El Gobierno declaró por DNU la Emergencia Ígnea en el sur del país

La medida alcanza a Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, tras el avance del fuego sobre más de 45 mil hectáreas. El decreto busca agilizar recursos y asistencia ante la gravedad de la situación.

29 Enero de 2026 20.49

El Gobierno nacional resolvió declarar la Emergencia Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), como respuesta al impacto de los incendios forestales que ya consumieron más de 45 mil hectáreas en el sur argentino.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el decreto "está listo para ser firmado y publicado", con el objetivo de acelerar el envío de recursos a las zonas afectadas y atender la urgencia generada por el avance del fuego. La decisión se da en un contexto de extrema presión climática, con condiciones meteorológicas adversas que complican las tareas de combate de los focos activos.

Los incendios avanzaron sobre amplias áreas rurales y zonas boscosas, generando preocupación en las comunidades locales y en las autoridades provinciales. En este marco, la declaración de emergencia habilita herramientas excepcionales para la gestión del riesgo, la protección civil y el refuerzo de la asistencia a los damnificados, un escenario que también es seguido con atención por provincias como Catamarca, donde si bien no se registran focos de la magnitud del sur, se mantienen alertas preventivas ante la crisis ambiental.

La determinación fue adoptada en la Casa Rosada durante una reunión de la Mesa Política, encabezada por Adorni y otros funcionarios de primera línea. El encuentro se realizó este jueves al mediodía y se extendió por aproximadamente una hora y media. Participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de manera remota; la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Desde el entorno presidencial justificaron el uso del DNU por la urgencia de la situación. "La velocidad amerita esa vía", señaló una fuente de la Mesa Política citada por Infobae. Otro funcionario sostuvo que "no resultaría eficiente mandarlo por el Congreso si es una emergencia", y coincidieron en que el decreto es la herramienta más ágil para canalizar fondos y asistencia sin demoras administrativas.

El pedido para declarar la emergencia había sido elevado formalmente al Congreso el martes por los gobernadores patagónicos. Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz) reclamaron la declaración de zona de desastre, lo que hubiese habilitado instrumentos extraordinarios para la gestión del riesgo. Si bien el Gobierno aclaró que el planteo no fue el detonante directo de la medida, reconoció que la decisión también busca responder a las críticas sobre la política oficial frente a los incendios.

En paralelo, el Ejecutivo nacional aseguró que ya se encuentra enviando asistencia a las provincias afectadas. En las últimas horas, Chubut recibió $4.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN), destinados a aliviar la situación financiera local en el marco de la emergencia.

Además, durante la madrugada de este jueves se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva, que establece nuevas medidas para reforzar el financiamiento del sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país. Según la normativa, se distribuirán $100.810.319.998,50 entre 1.062 asociaciones, con una asignación de $94.924.971,75 para cada una, mientras que las entidades de segundo grado provinciales recibirán $7.754.639.995,93.

El decreto, que se espera sea publicado en las próximas horas, también podría definir fondos adicionales para las provincias alcanzadas por la emergencia, en un escenario donde el impacto ambiental y económico de los incendios continúa en evaluación.