El Ministerio de Educación y Trabajo de la Provincia informó que se encuentra en curso una investigación administrativa y judicial vinculada con presuntas irregularidades detectadas en el proceso de confección, registro, validación y expedición de títulos correspondientes al Instituto de Educación Superior "Clara J. Armstrong".

La situación comenzó a advertirse a partir de controles realizados sobre documentación académica y registros utilizados para respaldar títulos emitidos durante 2024 y 2025. En ese marco, la Dirección de Legalización y Registro de Títulos requirió al establecimiento información destinada a verificar la autenticidad y correspondencia de los títulos, incluyendo su vinculación con los respectivos Libros Matrices y folios.

A partir de la documentación remitida por el establecimiento se puso en marcha una instancia de verificación. El procedimiento incluyó la confrontación de la información registrada en el sistema oficial de emisión digital de títulos con la documentación académica existente en el instituto.

Durante ese proceso aparecieron diferentes inconsistencias que hicieron necesario profundizar los controles sobre la documentación y los registros vinculados con la emisión de los títulos.

Datos contradictorios y documentación bajo análisis

La verificación permitió detectar datos incompletos o contradictorios, además de discrepancias entre la información incorporada al sistema oficial y la documentación física disponible en el establecimiento.

También fueron observadas inconsistencias en los registros internos y documentación cuya autenticidad o correspondencia debía ser determinada mediante las actuaciones administrativas y judiciales en curso.

Entre los elementos observados durante el proceso de control se encontraron:

• Copias presuntamente apócrifas de Actas de Libro Matriz.
• Copias presuntamente apócrifas o duplicadas de Actas de Exámenes.
• Documentación utilizada como respaldo de determinados títulos cuya correspondencia debía ser verificada.
• Casos en los que no se encontraba documentación académica que respaldara la trayectoria que debía sustentar determinados títulos.
• Discrepancias entre los datos registrados en el sistema oficial de emisión digital y la documentación física existente.

La detección de estos elementos derivó en un proceso de verificación individual de los casos observados. Como parte de ese procedimiento se solicitó la anulación, dentro del sistema oficial de emisión digital, de los títulos que presentaban inconsistencias.

De acuerdo con las actuaciones realizadas hasta el momento, fueron identificados 35 títulos con inconsistencias, correspondientes a distintas carreras de formación docente.

La denuncia penal y su posterior ampliación

Ante las irregularidades detectadas, el Ministerio de Educación y Trabajo puso los hechos en conocimiento del Ministerio Público Fiscal. La primera denuncia penal fue presentada el 24 de abril de 2026. Posteriormente, la aparición de nuevos elementos durante la investigación administrativa llevó a ampliar la denuncia con el objetivo de profundizar el análisis de las diferentes etapas que forman parte del circuito de emisión de los títulos cuestionados.

La ampliación busca avanzar sobre el conjunto del procedimiento y determinar cómo se produjeron las inconsistencias detectadas y cuáles fueron las eventuales intervenciones en las distintas instancias del proceso.

Para avanzar en ese esclarecimiento, se solicitó preservar y analizar los registros informáticos correspondientes al sistema de emisión de títulos. El análisis contempla los datos técnicos disponibles y busca reconstruir las operaciones realizadas dentro del sistema. Entre los registros cuya preservación y análisis fueron solicitados se encuentran:

• Usuarios.
• Fechas.
• Modificaciones.
• Firmas digitales.
• Demás registros técnicos disponibles.

A su vez, se dispuso resguardar la documentación académica original, considerada relevante para determinar la correspondencia entre las trayectorias académicas y los títulos observados.

Investigación administrativa 

En paralelo con la investigación judicial, el Ministerio avanzó con las actuaciones administrativas correspondientes. Una investigación presumarial determinó la existencia de elementos suficientes para avanzar hacia un procedimiento sumarial. Esta nueva instancia tiene como finalidad establecer eventuales responsabilidades administrativas vinculadas con el proceso de formación, validación y expedición de títulos.

El inicio del procedimiento sumarial no supone una determinación anticipada de responsabilidad. Se trata de una instancia formal destinada a esclarecer los hechos, analizar las actuaciones y determinar, en caso de corresponder, las responsabilidades administrativas vinculadas con las irregularidades que se encuentran bajo investigación.

De esta manera, las actuaciones administrativas y judiciales avanzan de forma paralela sobre los hechos detectados, con el objetivo de reconstruir el circuito mediante el cual fueron confeccionados, registrados, validados y expedidos los títulos cuestionados.

Normalización del Instituto Clara J. Armstrong

Frente a la situación generada y con el objetivo de garantizar la continuidad y normalidad del servicio educativo, el Ministerio de Educación y Trabajo dispuso el 10 de agosto de 2026 la normalización administrativa, pedagógica e institucional del IES "Clara J. Armstrong".

Como parte de esa decisión, se designó un equipo normalizador para conducir el establecimiento durante el proceso.

La medida se adopta en el contexto de las investigaciones que se encuentran en curso y tiene como uno de sus objetivos centrales garantizar el funcionamiento del servicio educativo mientras continúan las actuaciones destinadas a esclarecer las irregularidades detectadas en la documentación y los procedimientos de emisión de títulos.

La normalización alcanza las dimensiones administrativa, pedagógica e institucional del instituto, y se desarrolla mientras continúan los procedimientos correspondientes.

El derecho de los estudiantes

El Ministerio señaló que las medidas adoptadas tienen como prioridad garantizar la continuidad del servicio público educativo y proteger el derecho de los estudiantes a que sus trayectorias académicas sean correctamente registradas y certificadas.

Este aspecto adquiere particular relevancia dentro de la investigación, debido a que las inconsistencias detectadas se encuentran vinculadas con documentación destinada a respaldar títulos correspondientes a carreras de formación docente. En ese marco, el organismo educativo continuará trabajando junto con los organismos administrativos y judiciales competentes para esclarecer la totalidad de los hechos, preservar la documentación y los registros digitales relevantes y determinar las responsabilidades que eventualmente correspondan.

La investigación, por el momento, permanece abierta y en desarrollo. Las actuaciones buscan establecer de manera precisa cómo se produjeron las inconsistencias, qué documentación intervino, quiénes participaron en las diferentes etapas y cuál fue el alcance de las situaciones detectadas.