La decisión fue adoptada por el Comité de Expertos designado especialmente, luego de que un informe técnico alertara sobre "un incremento estadísticamente anómalo del número de postulantes con calificaciones superiores a 85", con una suba del 33,6% respecto a convocatorias anteriores.

Según ese documento, se cuadruplicó la cantidad de puntajes mayores a 90 sobre 100, especialmente entre aspirantes provenientes de universidades que históricamente no registraban desempeños destacados.

Frente a ese escenario, y con el objetivo de preservar la equidad del proceso, el Gobierno resolvió revisar cada caso. Para ello, se consideró la consistencia entre el resultado del examen, el promedio académico y la trayectoria institucional de la universidad de origen.

A quienes presentaron alta congruencia entre estos indicadores se les ofreció una instancia de evaluación oral. Por el contrario, quienes no alcanzaron ese estándar o no aceptaron esa opción, deberán presentarse a un nuevo examen escrito el 7 de agosto.

Tal como se detalla en la resolución publicada en el Boletín Oficial, la nueva evaluación constará de 100 preguntas de opción múltiple. Se permitirá un desvío de hasta el 10% respecto del puntaje original, pero si el resultado está por debajo de ese umbral, se tomará la nueva calificación. En ningún caso podrá superarse la nota obtenida originalmente. Quienes no se presenten, quedarán automáticamente excluidos del orden de mérito.

La medida se dio en medio de fuertes diferencias entre el Gobierno nacional y las autoridades sanitarias de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, que decidieron no acompañar la propuesta.

"La CABA y PBA no compartieron nuestra decisión de considerar variables objetivas como los antecedentes institucionales de las universidades y su reconocimiento internacional", señalaron desde el Ministerio de Salud. En ese marco, remarcaron que el operativo del 7 de agosto será conducido exclusivamente bajo órbita federal.

El Concurso Único de residencias médicas incluye tanto hospitales nacionales como instituciones dependientes de otras jurisdicciones, lo que ha generado tensiones en el control y la validación del proceso.

Desde la cartera que conduce el doctor Enrique Lugones insistieron en que "es imprescindible fijar una nueva fecha para despejar dudas sobre los resultados y resguardar el principio de igualdad de condiciones".

El escándalo cobró mayor repercusión luego de que se viralizara un video donde se muestra el presunto mecanismo de copia. En las imágenes, un postulante ecuatoriano habría utilizado anteojos inteligentes Ray-Ban Meta, equipados con cámara oculta, para grabar el examen completo y transmitirlo en tiempo real a un grupo externo que le brindaba asistencia durante la prueba.