Tras una reunión en la que este lunes no hubo acuerdo entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los empresarios del transporte de pasajeros, el Ministerio de Trabajo decidió prorrogar la conciliación obligatoria por diez días y así impedir que este martes se dé lugar a un paro nacional de colectivos, que el sindicato había anunciado en la previa.

"Atento el estado de situación y no habiendo las partes logrado un acuerdo sobre el conflicto planteado, se hace necesario prorrogar la referida conciliación obligatoria", argumentó en su disposición Raúl Enrique Ferrara, director nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de la cartera laboral a cargo de la ministra Kelly Olmos.

El conflicto, principalmente un reclamo salarial del gremio, ya había requerido de un período de 5 días de intervención de Trabajo en el que las partes se reunieron para negociar, la última vez, este lunes. Pero al cumplirse el plazo sin llegar a acuerdos, el ministerio laboral decidió la prórroga que evitará la afectación de los servicios de transporte urbano.

El Ministerio de Trabajo llamó a "exhortar a las partes a mantener la mejor predisposición y apertura para continuar negociando los temas sobre los cuales mantienen diferencias y contribuir de esta manera, a la paz social y a mejorar el marco de las relaciones laborales en el seno de las empresas involucradas". Además, anticipó que las partes serán convocadas a una nueva audiencia.

La UTA confirmó que acatará la conciliación obligatoria. 

Aumento y conflicto

La UTA había anunciado el paro de colectivos el martes pasado, con una semana de anticipación, aunque lo habían supeditado al saldo que dejara la cita de este lunes en el Ministerio de Trabajo. La mesa de negociación reúne reclamos salariales del gremio, pero también pedidos de actualización de subsidios por parte de las cámaras.

"Los salarios de los trabajadores requieren de un aumento salarial urgente", manifestaron aquella vez desde el sindicato que encabeza Roberto Fernández. Además, señaló que una medida de fuerza afectaría a "los 10 millones de usuarios diarios en el AMBA y a los 9 millones en el interior del país".

En el inicio de la discusión paritaria, las cámaras habían explicado que las empresas no se encuentran en condiciones financieras de hacer frente a los aumentos salariales, a los que consideran "justos".