En medio de una intensa entrega de viviendas que implementa en las últimas semanas la Provincia, a la par se incrementan también los reclamos de quienes quedan por fuera de los listados del Instituto Provincial de la Vivienda. Los primeros en encabezar el pedido de una solución habitacional son aquellas familias que tienen menores discacitados, quienes ya se manifestaron en reiteradas ocasiones en Capital y otros puntos de la provincia.
En las últimas horas, uno de los casos que refiere a esta problemática es el de un matrimonio que junto a su hijito con discapacidad decidieron con desesperación tomar una de las 32 viviendas entregadas recientemente por el Ejecutivo provincial en Saujíl, departamento Pomán. La determinación fue ante la negativa de adjudicarles una casa que por ley les corresponde, en vista de la condición de su hijo, y a pesar de haber estado incluidos en el primer listado. La vivienda de la polémica, en la que se mantienen bajo custodia policial, fue cedida por el IPV a una mujer soltera, sin carga de familia y de profesión policía.
Luego de la viralización de su caso, los avances no han sido muchos, Julio Aivar y Micaela Gómez y su hijo Ian se mantienen dentro de la casa a la espera que ya sea el fiscal de Andalgalá, Martín Camps, que está a cargo de la causa por la ocupación u otro funcionario judicial, les tome declaración. Según fuentes consultadas por La Unión, hubo un contacto y pedido para que Julio o Micaela se presenten en sede judicial, pero el temor de ambos es que luego no se les permita el reingreso a la vivienda. Ante esto es que están solicitando que el trámite judicial les sea tomado en Saujil, para evitar sobre todo mas inconvenientes al menor de esta familia.
“Ellos están convencidos que esa vivienda les corresponde por ley y van a permanecer ahí. Este convencimiento les viene porque no solo cuenta con el respaldo de la ley, sino porque además la comunidad los está acompañando. Además, ellos sostienen que estaban en el primer listado y que eso es lo que debe darse por válido”, indicaron allegados del matrimonio.
El reclamo
Aivar comentó que la situación que vive con su pareja, y su pequeño es “algo muy doloroso”, y cuestionó que las viviendas se hayan entregado a personas que “no les corresponden”. El matrimonio apuntó que en el barrio 32 viviendas en Saujil no hay ninguna familia con personas con discapacidad denunciando que en la confección del listado hubo “acomodos".
“Es una burla, estas son viviendas sociales, para gente con escasos recursos. Queremos una solución tanto para la familia a la que le dieron la casa, como para nosotros.” sostuvo Micaela. La familia ha pasado tres días en la vivienda, pero, aun así, señalaron, ninguna autoridad se acercó con una solución como corresponde.
