La Ciudad de Fiambalá se convirtió este viernes en el epicentro de una contundente protesta social. A través de una asamblea popular y una posterior movilización alrededor de la plaza principal Fray Mamerto Esquiú, los ciudadanos agrupados bajo la denominación de "Autoconvocados en Defensa de Fiambalá" manifestaron su rechazo absoluto a la expansión de la actividad minera en la región. 

El objetivo central de la jornada fue la lectura y difusión de un petitorio mediante el cual pretenden alcanzar las 3.000 firmas para ser entregadas formalmente al gobernador de la provincia, Raúl Jalil, así como a los legisladores provinciales y al intendente local, Raúl Úsqueda.

El núcleo del reclamo radica en el rechazo profundo a la Fase II de la explotación de litio, un proyecto que busca escalar la producción hasta alcanzar las 40.000 toneladas anuales. Los vecinos denuncian una alarmante falta de controles estatales sobre la empresa Zijin-Liex y exigen el traslado inmediato de su planta a una distancia mínima de 10 kilómetros del casco urbano. Según el documento, la ubicación actual de las instalaciones somete a la población a respirar aire contaminado, lo que acarrea graves consecuencias para la salud de los habitantes.

En este contexto, la asamblea exige la realización de un estudio pormenorizado sobre el impacto ambiental. Los puntos de preocupación técnica y ambiental señalados en el documento son los siguientes:

• Contaminación integral: afectación directa sobre el suelo, cielo y agua del territorio.
• Recurso hídrico: denuncian una disminución del nivel del agua en las lagunas altoandinas con niveles "nunca vistos hasta el momento".
• Ubicación de planta: exigencia de un retiro mínimo de 10 kilómetros de la zona urbana para proteger a la comunidad.

Contrario a los discursos sobre la prosperidad minera, los vecinos aseguran que no existe un "derrame" económico real en el pueblo. La realidad descrita por los autoconvocados es la de una economía precaria, con salarios tanto municipales como del propio sector minero que no logran cubrir la línea de pobreza.

Esta situación se ve agravada por lo que consideran un abandono sistemático de las actividades que históricamente sostuvieron la identidad y el sustento de Fiambalá: el turismo, la vitivinicultura y la ganadería. La comunidad percibe que el avance del litio ha postergado el desarrollo de estos sectores tradicionales, profundizando la vulnerabilidad económica de las familias locales en lugar de fortalecerlas.

Más allá del conflicto estrictamente minero, el petitorio expone una crisis de servicios públicos que afecta la calidad de vida diaria. En materia de salud, se demanda una inversión urgente en el Hospital de Fiambalá y en los centros asistenciales de Medanitos y Palo Blanco. 

La exigencia incluye la radicación de especialistas que residan en la zona y la provisión de equipamiento tecnológico para poner fin a la dependencia de las derivaciones médicas hacia otras ciudades.

Asimismo, la infraestructura eléctrica fue un punto crítico de la protesta. Los manifestantes denunciaron un estado de precariedad energética intolerable, subrayando que la comunidad sufre actualmente entre 4 y 5 cortes diarios de energía, lo que completa un cuadro de desinversión que la asamblea popular busca revertir mediante la presión de las firmas ciudadanas.