Referentes del área educativa de todo el país criticaron en las últimas horas la resolución del gobierno de Formosa que permite que los alumnos de esa provincia puedan pasar de año con 19 materias previas y pidieron la renuncia del ministro responsable.

La resolución N° 1953/22 del 2 de mayo establece una “promoción asistida” que avala la inscripción de alumnos para que cursen el ciclo lectivo 2022, incluso si adeudan todas (en secundaria son 13 en total) las materias que debían aprobar en el 2020. Además, permite tener previas tres materias del 2021 y otras tres de años anteriores al 2020.

En declaraciones con CNN Radio, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, se refirió a la medida y dijo que va en contra de “la cultura del esfuerzo, el valor de la educación y la tarea docente”.

“No da lo mismo pasar de años sin saber que sabiendo. Esto pone en juego la cultura del esfuerzo y el valor de la educación. Le estamos diciendo a los chicos que saben lo que no saben. Los dejamos sin la oportunidad de aprender lo que no se les enseña, lo que los deja en desigualdad de condiciones para su futuro”, comentó.

Sindicalistas docentes también expresaron su rechazo a la normativa. Las autoridades del Gremio de Docentes Autoconvocados (GDA) de Formosa consideraron que se trata de “una perinola con una sola opción… 'pasan todos'”.

“Esa flexibilización que puede resultar simpática a padres/madres y estudiantes es doblemente dañina; pues perjudica al que acumula materias previas dado que solo le brinda instancias de evaluación (mesas examinadoras) y no espacios de apoyo, de recuperación con clases presenciales y docentes titulados en las materias adeudadas o previas”, planteó Nilda Beatriz Patiño, secretaria gremial del GDA, en un comunicado difundido el último miércoles por redes sociales.

“También perjudica a quienes no adeudan materias y están cursando pues le sacaran sus docentes para las mesas examinadoras (seguramente varias); a fin de lograr la aprobación por insistencia, y mientras se lo examina, obviamente, tampoco cursa”, sumó.

Por su parte, Mónica Marquina, doctora en educación e integrante de la Fundación Alem acusó al gobierno de Gildo Insfrán de impulsar “un plan sistemático de no educar a su población”.

“Ya no el fracaso del sistema. Es parte de un plan que no se originó en la pandemia, sino antes también. Por eso se suman en el decreto las deudas de materias anteriores, sin incluir un plan de intervención clara y efectiva sobre cómo van a sacar a los chicos de esta tragedia que les afectará la vida. Con esta medida transmiten que se puede hacer borrón y cuenta nueva, pero saben muy bien que eso es imposible y no les importa”, dijo Marquina.

Y agregó: “De Formosa ya no extraña. Durante la pandemia hubo excesos, encerraron a personas, separaron a las familias. Y en ese marco el estado provincial decidió cancelar a la educación, porque en estos dos años en Formosa no hubo nada que se acercara a esa noción de encuentro entre docentes y estudiantes que implica la educación”.

En esa línea, Gustavo Zorzoli, profesor y exrector del Colegio Nacional de Buenos Aires, afirmó la medida es “una verdadera vergüenza” que debería derivar en la renuncia de Luis Basterra, ministro de educación provincial. “Su propuesta no es más que una salida facilista y rápida para no hacerse cargo de las inmensas dificultades que atraviesan estudiantes y docentes en las escuelas secundarias”, planteó.

“En una misma aula cursando matemática vamos a encontrar por un lado jóvenes que hayan aprobado esta asignatura en todos ciclos lectivos —2019, 2020 y 2021—, otros que no lo hicieran en ninguno y cualquier otra combinación. ¿A quién se le puede ocurrir que un docente puede enseñar ante esta enorme heterogeneidad? Solo a alguien que está sentado en un escritorio y desconoce la realidad de la escuela argentina hoy”, sumó.

Por su parte, Juan María Segura, experto en gestión e innovación educativa, consideró: “Estamos frente a una situación bochornosa predecible, que seguramente se repite de manera más silenciosa en otras jurisdicciones en este mismo momento. Tal vez debamos considerar en serio la idea del examen de egreso de la escolaridad. Y las jurisdicciones educativas deberían tener un castigo económico equivalente al mal rendimiento agregado de sus egresados de la escuela estatal, por irresponsables”.