La familia del menor discapacitado que tomó una casa en el B° 32 viviendas, en Saujil, departamento Pomán va a cumplir una semana con la protesta y a la fecha no han obtenido una respuesta válida de los organismos oficiales. Por el contrario, "la situación es inhumana”, según indicaron a La Unión los papás de Ian, el menor con síndrome de Down. Recordemos que esta determinación fue tomada ante la negativa de adjudicarles una casa que por ley les corresponde, en vista de la condición de su hijo, y a pesar de haber estado incluidos en el primer listado. La vivienda de la polémica, en la que se mantienen bajo custodia policial, fue cedida por el IPV a una mujer soltera, sin carga de familia y de profesión policía.
El paso de los días no ha generado un avance en el reclamo según contaron Julio Aivar y Micaela Gómez, se muestran preocupados por la falta de respuesta y el impacto de la presión que se está generando, sobre todo en su hijo, que es el centro y motor del reclamo de esta familia.
“La intendencia no ha hecho nada por darnos una solución. Al contrario, además de la consigna, nos han cortado la luz y el agua. La verdad que la situación es delicada porque están dañando nuestra integridad y salud”, relató con preocupación Micaela, quien recordó que el principal afectado es el niño. Al grave cuadro, se añade que la Policía impidió el ingreso de la asistente social que envió la Fiscalía de Andalgalá para relevar la situación de la familia y puntualmente la del menor. La auxiliar de justicia, ante esto, dejó constancia de esta irregularidad y acto seguido visitó la casa que previamente el matrimonio Aivar había estado alquilando. “Sabemos que ante el impedimento, ella luego fue e inspeccionó nuestra anterior casa, la que estamos alquilando y eso ya lo presentó en Fiscalía. Eso es todo lo que sabemos y luego de eso, no hay novedades sobre lo que va a suceder. Por eso decimos que es una burla lo que nos están haciendo”.
Julio en tanto, comentó que la única propuesta desde la comuna ofreció es la de una casa, que aún no está terminada. Hasta tanto se culminen las obras, que sería dentro de cinco meses, se les daría otro lugar en calidad de alquiler, todo a cargo del Ejecutivo municipal. “Esa es la propuesta, pero son solo palabras. Nosotros vamos a seguir aquí en esta lucha por los derechos de nuestro hijo. Es lo que corresponde, porque aquí no respetaron el cupo que debe estar asignado para menores con discapacidad", sentenció el padre angustiado.
