La Legisladora autora de la Ley 5.518 asistió legalmente a la familia del paciente en un primer momento y que siguió de cerca el proceso a través de los Dres. Zelarayán y Stern, visitaron a la familia mientras destacaron la importancia de que finalmente Máximo pueda tener una mejor calidad de vida. 
“La trascendencia de esta causa es un antes y un después en la Justicia Catamarqueña, como en el espectro de los Derechos de Personas Electrodependientes, pasando a ser la tercera provincia que jurídicamente fija un criterio al respecto” expresó entre sus párrafos el fallo de la Corte que ordena a la Empresa, la entrega de un grupo electrógeno o fuente alternativa de energía capaz de asegurar el servicio eléctrico en forma permanente y en niveles de tensión adecuados, teniendo en cuenta que el mismo fue entregado la semana pasada. 
En este sentido, se explica que EC SAPEM deberá adoptar las medidas pertinentes a los fines del mantenimiento, control técnico y todo lo necesario a fin de asegurar el correcto funcionamiento de las fuentes alternativas de energía que se entreguen, mientras que le corresponderá al Ente Regulador ejercer sus facultades de fiscalización sobre la Distribuidora.
Cabe destacar que el fallo hace mención a fortalecer el ejercicio de los derechos de un niño discapacitado y electrodependiente, brindándole la posibilidad de una vida más digna, a la vez que le recuerda las obligaciones y el deber de cumplirlas fielmente tanto a los operadores del servicio como el organismo regulador en la materia.
Tanto la familia como la Legisladora venían planteando la demora en la resolución del tema así como la falta de empatía y cumplimiento de la Ley Provincial N°5518 por parte de la empresa que llegó a apelar la sentencia, se negó a la entrega y presentó un recurso de casación que llevó a dilatar el proceso judicial 
"La falta de compromiso de la empresa de suministrar la energía y la indiferencia hacia la situación de hiper vulnerabilidad de estas personas, que pone en riesgo la vida de las personas electrodependientes y vulnera sus derechos fundamentales, como el  derecho a la vida y a la salud, demuestran la necesidad de una regulación y fiscalización más estricta por parte del  Estado para garantizar la protección integral de los derechos de las personas electrodependientes" pronunció en su momento Carrizo.