La reciente resolución de la Corte de Justicia de la Provincia en la causa que involucra al empresario Sergio Coria provocó una inmediata reacción de la querella, que cuestionó severamente los fundamentos del fallo y anunció nuevas acciones legales para intentar revertir sus efectos.

Durante una conferencia de prensa, el abogado penalista Carlos Rosales Vega, representante de la víctima, confirmó que ya fue interpuesto un recurso extraordinario federal contra la decisión adoptada por el máximo tribunal provincial. Según explicó, si bien la Corte ratificó la condición de abusador atribuida al imputado, introdujo modificaciones en la calificación jurídica de los hechos y redujo la pena impuesta, situación que le permite mantener su libertad ambulatoria.

La controversia surge luego de que Coria fuera condenado originalmente en 2025 por el juez Correccional Marcelo Herrera, sentencia que posteriormente fue revisada por la Corte provincial.

La división de criterios dentro de la Corte

Uno de los puntos centrales planteados por Rosales Vega fue la marcada diferencia de criterios que, según su análisis, quedó reflejada en los votos emitidos por los integrantes del tribunal. El abogado destacó especialmente el voto del ministro Hernán Martel, al que describió como un análisis detallado y minucioso de toda la instrucción penal desarrollada a lo largo de cinco años de investigación.

De acuerdo con el planteo de la querella, Martel ratificó la condena por la totalidad de los cinco hechos independientes que fueron ventilados durante el debate oral. Sin embargo, Rosales Vega dirigió sus cuestionamientos hacia los fundamentos expuestos por las ministras Fernanda Rosales y Verónica Saldaño. Según señaló, ambas magistradas impulsaron una reconfiguración penal que terminó beneficiando al acusado.

En el caso de Saldaño, el letrado remarcó que su adhesión se produjo sin una fundamentación propia.

La crítica a la modificación de los hechos

Durante su exposición pública, el representante de la víctima cuestionó con dureza la interpretación jurídica utilizada para reducir la cantidad de hechos considerados en la condena.

"Es increíble y grosero el error técnico de las ministras de la Corte, quienes confunden el concepto de abuso sexual con el de acoso laboral", sostuvo. Según explicó, la resolución apeló al principio procesal conocido como iura novit curia para suplir, a criterio de la querella, las deficiencias de los cuatro defensores del empresario.

Rosales Vega afirmó que ese criterio fue utilizado para eliminar dos de los hechos atribuidos a Coria bajo una interpretación vinculada a presuntas presiones laborales.

El abogado insistió en diferenciar ambos conceptos.

Entre los argumentos expuestos destacó:

• Que el abuso sexual implica un tocamiento físico impúdico.

• Que el acoso laboral constituye una forma de coacción verbal.

• Que los hechos cuestionados estaban plenamente acreditados.

• Que uno de los episodios incluso habría quedado registrado en una filmación.

Sobre esa base, sostuvo que la resolución presenta contradicciones internas que afectan su validez jurídica.

Un fallo que la querella considera inválido

Otro de los cuestionamientos formulados por Rosales Vega se relaciona con la estructura misma de la sentencia emitida por la Corte. Según afirmó, el fallo resulta "nulo" debido a que la parte dispositiva contradice los propios fundamentos desarrollados en los considerandos.

Además, señaló que la resolución omitió ordenar la baja del expediente al Juzgado Correccional de origen para que se realizara el cómputo correspondiente de la nueva pena establecida. Para la querella, estas inconsistencias constituyen elementos suficientes para cuestionar la legalidad de la decisión adoptada por el máximo tribunal provincial.

Las secuelas psicológicas y la situación de la víctima

Durante la conferencia, el abogado también rechazó algunos de los argumentos valorados por la Corte al momento de dictar la resolución. En particular, cuestionó que se haya considerado la ausencia de secuelas psicológicas en la víctima, quien actualmente tiene 26 años.

Según explicó, esa situación no obedecería a la inexistencia de consecuencias derivadas de los hechos denunciados, sino al resultado de un tratamiento psicológico permanente y costoso que permitió evitar un agravamiento de la situación.

Rosales Vega sostuvo que dicha circunstancia fue determinante para impedir que la causa avanzara hacia una calificación penal más severa. Asimismo, expresó su desacuerdo con la consideración otorgada al hecho de que Coria tenga bajo su cuidado a un menor con discapacidad, al entender que esa situación no debería derivar en concesiones para el condenado.

Nuevas investigaciones y futuras acciones judiciales

El abogado recordó además que durante el juicio oral surgieron testimonios de otras empleadas que afirmaron haber sido víctimas de abusos cometidos bajo una metodología similar dentro de la empresa.

Según señaló, esos testimonios llevaron al juez Marcelo Herrera a ordenar la apertura de una nueva investigación penal contra Coria. Mientras tanto, la querella ya avanzó con la presentación formal del recurso extraordinario federal, luego de haber sido notificada del fallo el pasado 21 de mayo.

Rosales Vega anticipó que, en caso de que el tribunal catamarqueño rechace el planteo, acudirán mediante un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, aseguró que también recurrirán a organismos internacionales de derechos humanos.

La vía civil y una demanda contra los socios de la empresa

Paralelamente a las acciones penales, la querella anunció una nueva estrategia judicial basada en los alcances del propio fallo. Rosales Vega sostuvo que el reconocimiento de situaciones vinculadas al acoso laboral en el voto de las ministras abre la posibilidad de iniciar una demanda civil por daños y perjuicios.

Según explicó, la acción no estará dirigida únicamente contra Sergio Coria. El abogado adelantó que la presentación buscará alcanzar también a otros integrantes de la estructura empresarial.

Entre los alcances previstos de la demanda se encuentran:

• Reclamo por daños y perjuicios.

• Inclusión del autor material de los hechos denunciados.

• Extensión solidaria de la responsabilidad a los demás socios de la empresa.

• Fundamentación en la corresponsabilidad por hechos irregulares ocurridos dentro del ámbito laboral.

"Vamos a iniciar una demanda civil por daños y perjuicios que no solo alcanzará al autor material, sino que la haremos extensiva de forma solidaria a los demás socios de la empresa por ser corresponsables directos de los hechos irregulares ocurridos en el ámbito de trabajo", concluyó Rosales Vega.

Con la presentación del recurso extraordinario federal y el anuncio de futuras acciones civiles, la causa que involucra a Sergio Coria suma un nuevo capítulo judicial y mantiene abierto el debate en torno a los alcances y consecuencias de la resolución adoptada por la Corte de Justicia provincial.