La presidenta del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, celebró este jueves el envío del proyecto de reforma laboral y destacó el límite de 10 horas mensuales remuneradas que tendrán los delegados sindicales para desarrollar actividades gremiales dentro del horario de sus jornadas de trabajo.

"Van a tener un límite de diez horas mensuales pagas. El resto, a laburar", desafió Bullrich, que compartió un panel con el CEO de Techint, Paolo Rocca.

Si los delegados dedicaran más de horas al ejercicio de sus funciones sindicales, se les descontará ese tiempo de su salario en forma proporcional.

Al participar del cierre del Seminario Propymes organizado por el Grupo Techint, la ex ministra de Seguridad mostró los dientes contra los delegados sindicales y les recordó que "siguen siendo trabajadores" que tienen que cumplir las responsabilidades inherentes a sus tareas. 

"Además, de esa manera, siguen siendo trabajadores, no solo delegados, que es muy importante", explicó ante el auditorio de empresarios.

La legisladora remarcó que la medida apunta a equilibrar el derecho a la representación gremial en los lugares de trabajo con las obligaciones laborales y el tiempo de trabajo propiamente dicho.

Sobre los bloqueos a empresas, Bullrich destacó que la reforma laboral sanciona estas conductas como "infracciones muy graves".

Patricia Bullrich adelantó el alcance del proyecto que el oficialismo quiere apurar en el Congreso

El oficialismo empezó a mover las piezas para instalar en la agenda parlamentaria su proyecto de reforma laboral y fue Patricia Bullrich quien salió a detallar los lineamientos centrales. La senadora, convertida en una de las voceras políticas del Gobierno, presentó el borrador como una iniciativa "moderada" que busca aceitarlas relaciones laborales y ofrecer certidumbre a empresarios y trabajadores. El anticipo se produce a pocas horas del inicio de las sesiones extraordinarias, donde el Ejecutivo intentará acelerar este debate junto con el Presupuesto 2026 y otras reformas estructurales.

Según explicó Bullrich, el texto propone habilitar nuevas modalidades de contratación, incluidas variantes más flexibles y acuerdos a tiempo parcial. También abre la puerta a que las remuneraciones puedan fijarse no solo en pesos sino en moneda extranjera o incluso mediante prestaciones en especie, siempre dentro de marcos pactados.

En paralelo, impulsa la figura de un banco de horas para reorganizar la jornada laboral según necesidades de producción, y contempla que los sectores puedan negociar un fondo de cese laboral que funcione como alternativa a la indemnización tradicional, aunque solo si lo acuerdan en convenio colectivo. Otro eje del borrador es una moratoria para que empleadores regularicen personal informal, un punto que el Gobierno considera "clave" para achicar la economía en negro.

La estrategia oficial apunta a enviar el proyecto primero al Senado. Bullrich aseguró que ya hay conversaciones con bloques aliados como PRO, parte de la UCR y legisladores peronistas no kirchneristas, con la idea de construir una mayoría que permita avanzar sin depender del kirchnerismo. Según su proyección, si ese acuerdo político prospera, la reforma podría alcanzar media sanción en un plazo de un año, aunque en los pasillos legislativos admiten que el escenario es más incierto de lo que el entusiasmo oficial deja ver.

Aunque el Gobierno insiste en que la reforma no afecta derechos laborales básicos y que su objetivo es generar empleo formal, las definiciones adelantadas dejaron planteadas varias incógnitas. Entre ellas, el impacto real que tendrán los contratos más flexibles en sectores vulnerables, el modo en que se controlarán las nuevas formas de remuneración y el riesgo de que la sustitución de la indemnización clásica derive en esquemas menos protectores. Con una economía inestable y un mercado laboral fragmentado, las consecuencias dependerán menos de los slogans y más de cómo se reglamenten y apliquen estos cambios. Ese tramo, el de la implementación, será el que finalmente determine si la reforma logra modernizar el sistema o si suma tensiones a un campo donde cada detalle define ganadores y perdedores.