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Detuvieron en Ezeiza a la pareja de Lázaro Báez por narcotráfico y lavado de activos

El operativo fue realizado por efectivos de la Prefectura Naval Argentina y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Por orden judicial, también se llevaron adelante más de veinte allanamientos en Santa Cruz y la provincia de Buenos Aires, con embargos, requisas y secuestros de vehículos.

Claudia Insaurralde
Claudia Insaurralde

11 Noviembre de 2026 17.31

Claudia Insaurralde, pareja del empresario Lázaro Báez, fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza luego de arribar a Buenos Aires desde la Patagonia. El procedimiento se concretó en el marco de dos investigaciones judiciales relacionadas con presuntas maniobras de narcotráfico, lavado de dinero y circulación de activos de origen ilícito.

La mujer fue arrestada por efectivos de la Prefectura Naval Argentina y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), durante un operativo que también terminó con la detención de otras dos personas: Cristian Sebastián Ibáñez y Valentina Micaela Devetac.

Hasta el momento, no trascendieron precisiones sobre el grado de participación que se les atribuye a los tres detenidos en los hechos investigados. La información permanece restringida debido a que la causa se encuentra bajo secreto de sumario, una circunstancia que limita la difusión de detalles sobre las pruebas reunidas y las hipótesis que se encuentran bajo análisis judicial.

De acuerdo con fuentes judiciales citadas por Infobae, Insaurralde permanecía incomunicada y bajo custodia en una dependencia de la Prefectura Naval ubicada en el barrio porteño de Retiro.

La detención de la pareja de Báez se produjo en el contexto de una investigación que contempla posibles maniobras vinculadas con el tráfico de drogas y el lavado de activos. Además, las actuaciones judiciales incluyen el análisis de una presunta circulación de bienes y recursos económicos cuyo origen sería ilícito.

El vuelo procedente de Río Gallegos 

El operativo en Ezeiza se concretó después de que los tres detenidos abordaran el lunes el vuelo AR1857 de Aerolíneas Argentinas, que había partido desde Río Gallegos con destino a Buenos Aires.

Según la información vinculada con el procedimiento, los investigadores sospechaban que las personas involucradas podían intentar salir del país. Ante esa posibilidad, el fiscal federal Julio Zárate solicitó las detenciones, que finalmente se ejecutaron cuando los pasajeros arribaron al aeropuerto internacional.

La intervención se desarrolló en la Terminal A de Ezeiza, siguiendo las instrucciones impartidas por el juez y el fiscal responsables de la investigación. La participación de la Prefectura Naval Argentina y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria permitió concretar las detenciones de Insaurralde, Ibáñez y Devetac al momento de su llegada.

La sospecha de que los investigados podían abandonar el territorio nacional fue uno de los elementos considerados para solicitar las medidas judiciales. Sin embargo, debido al secreto de sumario, no se difundieron detalles adicionales sobre los fundamentos completos del pedido fiscal ni sobre las circunstancias particulares que rodearon la situación de cada uno de los detenidos.

La audiencia prevista en Río Gallegos

Tras las detenciones, el proceso judicial tiene previsto continuar este jueves en Río Gallegos, donde se realizará la audiencia de formalización de la imputación y control de detención.

La instancia estará a cargo del juez federal de garantías Claudio Vázquez, quien deberá intervenir en el procedimiento correspondiente a la situación procesal de las personas arrestadas.

La audiencia constituye una etapa central dentro de las actuaciones, ya que permitirá avanzar con la formalización de las imputaciones y el control judicial de las detenciones. La intervención tendrá lugar en la ciudad santacruceña, desde donde se desarrollan las investigaciones y se impulsaron distintas medidas para profundizar el análisis de los hechos.

La causa continúa bajo reserva, por lo que todavía no se conocen públicamente las precisiones sobre las conductas que la fiscalía atribuye individualmente a Insaurralde, Ibáñez y Devetac.

Más de veinte allanamientos en Santa Cruz y Buenos Aires

Después de concretarse las detenciones, el juez Claudio Vázquez ordenó más de veinte allanamientos, a partir de los pedidos formulados por la fiscalía de Río Gallegos y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Los procedimientos alcanzaron diferentes domicilios y propiedades distribuidos en Santa Cruz y la provincia de Buenos Aires. Entre los lugares incluidos en las medidas judiciales se encuentran:

Río Gallegos, donde se desarrollan las investigaciones.

El Calafate, con procedimientos en distintos domicilios.

Estancias ubicadas en la provincia de Santa Cruz.

Propiedades situadas en la provincia de Buenos Aires.

Además de los allanamientos, se dispusieron embargos, requisas y secuestros de vehículos, como parte de las medidas destinadas a avanzar en el relevamiento de bienes y elementos relacionados con las investigaciones.

La amplitud territorial de los procedimientos refleja que las actuaciones no se limitaron al aeropuerto donde se concretaron las detenciones. Las medidas alcanzaron distintas localidades santacruceñas y propiedades ubicadas en Buenos Aires, en el marco de las diligencias solicitadas por los organismos judiciales intervinientes.

La fiscalía de Río Gallegos y la PROCELAC participaron en el impulso de las medidas, mientras que el juez Vázquez dispuso las órdenes correspondientes. Los procedimientos forman parte de una serie de actuaciones orientadas a investigar las presuntas maniobras de narcotráfico y lavado de activos.

Dos investigaciones separadas y una hipótesis 

Uno de los aspectos centrales del expediente es que las investigaciones tramitan por separado, aunque los investigadores identificaron puntos de contacto entre ambas. Esa vinculación llevó a analizar posibles relaciones entre los hechos bajo investigación y la circulación de bienes y activos de origen ilícito.

Entre las hipótesis que se encuentran en estudio figura la presunta puesta en circulación de bienes y activos que habrían sido sustraídos de la ejecución de las condenas que pesan sobre Lázaro Báez en las causas Vialidad y Ruta del Dinero K.

Esta línea de investigación incorpora el análisis patrimonial y financiero dentro del conjunto de actuaciones judiciales. La hipótesis apunta a determinar si determinados bienes o recursos económicos de procedencia ilícita habrían sido puestos nuevamente en circulación y si esa operatoria podría guardar relación con las personas y los hechos investigados.

Por el momento, no se difundieron precisiones sobre la participación que se atribuye a los tres detenidos en esas presuntas maniobras ni sobre el vínculo específico que podría existir entre las investigaciones. La reserva judicial impide conocer mayores detalles sobre los elementos reunidos hasta ahora.