La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que el próximo jueves se movilizará a Plaza de Mayo en rechazo al proyecto de reforma laboral presentado por el presidente Javier Milei y enviado al Congreso para su tratamiento. La definición surge en un contexto de creciente tensión con el Gobierno nacional y se suma al debate que también alcanza a las provincias, como Catamarca, donde la central obrera buscará dialogar con legisladores y autoridades locales.
La decisión fue adoptada por el consejo directivo encabezado por Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello, tras una reunión en la que la reforma laboral fue el eje central del análisis político, social y económico. Según adelantaron los dirigentes, el proyecto no introduce cambios sustanciales en aspectos vinculados al financiamiento sindical, como la cuota solidaria, aunque sí genera fuertes reparos.
"Fue el eje central del análisis político, social, económico y laboral del país", afirmó la conducción sindical. Señalaron además que, en la conferencia de prensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se omitieron aspectos clave del informe del Consejo de Mayo, un documento de más de 400 páginas. "Incluye expresiones que constituyen agresiones hacia los trabajadores", remarcaron.
Entre las críticas, destacaron que el informe oficial utiliza términos como "trabas" y "aprovechamientos sindicales" y que incluso recurre a ironías sobre la actividad laboral. La CGT recordó que en la página 288 quedó asentado su rechazo a los lineamientos discutidos.
Uno de los puntos del proyecto establece que los empleadores podrán actuar como agentes de retención de cuotas sindicales siempre que exista acuerdo expreso del trabajador y aval de la Secretaría de Trabajo. También determina que cualquiera de las partes podrá dejar sin efecto el acuerdo con una notificación previa de 30 días.
Críticas al contenido del proyecto
La CGT acusó al Gobierno de impulsar una iniciativa con "sesgo ideológico" y advirtió sobre similitudes entre el planteo oficial y las propuestas de la Unión Industrial Argentina (UIA). En su evaluación, los sindicalistas describieron un escenario de "empobrecimiento generalizado", falta de inversión y cierre masivo de pymes.
La central gremial habló de un "industricidio", con más de 18.000 pymes cerradas y la pérdida de 300.000 empleos formales. Esto, estimaron, equivale a que "400 trabajadores por día" quedan fuera del mercado laboral.
Otro de los cuestionamientos fue la ausencia de un proceso de negociación previa. La CGT insistió en que no hubo una mesa de diálogo que involucrara a empleadores productivos y trabajadores, a quienes consideran actores insoslayables en la elaboración de un proyecto de esta magnitud.
Los sindicatos manifestaron un rechazo total al contenido de la reforma y anticiparon que desplegarán una estrategia política y judicial para impedir su aprobación. Aseguraron que varios artículos resultan "inconstitucionales" y que, de aprobarse, derogaría derechos adquiridos de sectores como periodistas, viajantes, choferes particulares y enfermería.
"Vamos a explicar a cada legislador y a cada gobernador por qué esta ley no puede aprobarse", concluyeron.
