El gobierno de Javier Milei avanza en la elaboración de un proyecto de ley que apunta a modificar de manera profunda la Ley de Medios sancionada en 2009. La iniciativa, que se encuentra en etapa de definición técnica y política, forma parte de un paquete de diez reformas legislativas que el oficialismo prevé enviar próximamente al Congreso.
Según trascendió, el texto fue elaborado en estricto hermetismo por los equipos legales de la Casa Rosada y tiene como objetivo central introducir cambios en el funcionamiento del mercado de las telecomunicaciones y establecer nuevas obligaciones para los trabajadores de prensa.
Entre los aspectos más sensibles del borrador aparece la intención de obligar a periodistas y comunicadores a presentar declaraciones juradas patrimoniales bajo la figura legal de Personas Expuestas Políticamente (PEP), una categoría actualmente utilizada para funcionarios y actores vinculados al ejercicio del poder público.
Una reforma analizada en Olivos
Los detalles del proyecto fueron revisados durante una reunión realizada en la Quinta de Olivos, donde el Presidente mantuvo un encuentro de tres horas junto al vocero presidencial Manuel Adorni.
De acuerdo con la información difundida, el Gobierno analiza la reforma como uno de los puntos prioritarios dentro de un paquete legislativo más amplio, que abarca modificaciones en distintas áreas vinculadas a regulación, justicia, ciencia y consumo.
El trabajo técnico del borrador quedó bajo la órbita del Ministerio de Desregulación, en coordinación con la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Según se indicó, ambos funcionarios recomendaron al mandatario avanzar mediante un proyecto legislativo y no a través de resoluciones administrativas, con el objetivo de otorgarle mayor sustento institucional a la iniciativa.
Los dos ejes centrales de la nueva legislación
La propuesta oficial se estructurará sobre dos pilares principales que modificarían aspectos sensibles del sistema de medios y del ejercicio periodístico.
El primero de ellos apunta a equiparar a periodistas y comunicadores con funcionarios de los tres poderes del Estado mediante la aplicación de controles patrimoniales obligatorios. Bajo este esquema, los trabajadores de prensa quedarían alcanzados por mecanismos de seguimiento sobre la evolución de sus bienes y patrimonio personal. El borrador establece que los comunicadores pasarían a ser considerados Personas Expuestas Políticamente, categoría que implica exigencias específicas en materia de transparencia y presentación de declaraciones juradas.
El segundo eje se enfoca en una profunda desregulación del mercado de telecomunicaciones y medios audiovisuales. En ese sentido, la iniciativa contempla:
- Flexibilización del sistema de licencias
- Reducción de fiscalizaciones del ENACOM
- Eliminación de obligaciones vinculadas a contenidos mínimos
- Desregulación comercial en el sector
La propuesta oficial buscaría así modificar aspectos regulatorios vigentes desde la sanción de la Ley de Medios aprobada en 2009, alterando tanto el esquema de controles estatales como las condiciones operativas de empresas y actores del sistema de comunicación.
Un paquete de diez leyes
La reforma de medios no llegará sola al Congreso. El Gobierno nacional prevé enviar un conjunto de diez proyectos legislativos que integran una agenda más amplia de transformaciones impulsadas por el oficialismo.
Dentro de ese paquete se incluyen iniciativas vinculadas a distintas áreas del Estado y de la vida pública. Entre ellas aparecen:
- Cambios en la Ley de Etiquetado Frontal
- Creación de un sistema de juicios por jurados
- Una reforma interna del CONICET
- Una nueva ley sobre ludopatía
- Normativas de regulación de la competencia
El avance de estas reformas forma parte de la estrategia legislativa que diseña el Gobierno nacional para los próximos meses y que buscará abrir debates sobre áreas sensibles vinculadas a comunicación, justicia, ciencia, regulación económica y políticas públicas.
Mientras el oficialismo termina de pulir los detalles técnicos de la iniciativa, el proyecto de reforma de la Ley de Medios ya aparece como uno de los puntos de mayor impacto político dentro del paquete legislativo que prepara la administración de Javier Milei.
