El proyecto de reforma laboral presentado este jueves por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional introdujo un punto que encendió alarmas en el sector de medios y entre organizaciones profesionales: la derogación completa del Estatuto del Periodista Profesional, la ley 12.908, vigente desde 1946 y considerada una de las normas fundacionales del marco laboral para quienes trabajan en prensa en la Argentina.

La iniciativa, enviada al Senado y firmada por el presidente Javier Milei tras su regreso de Oslo, incluye la medida dentro del Capítulo de "Derogaciones". En el artículo 194 del proyecto, el Gobierno propone eliminar no solo la ley madre de 1946, sino también sus principales modificatorias: las leyes 23.947, 23.472, 23.759, 24.493 y 20.657. La confirmación fue ampliada por la Agencia Noticias Argentinas, que accedió al texto remitido por el Ejecutivo.

El Estatuto del Periodista regula desde hace casi ocho décadas las condiciones de trabajo de los periodistas profesionales: fija categorías laborales, establece escalafones, determina derechos y obligaciones, dispone mecanismos de indemnización ante despidos y define criterios para el ejercicio profesional dentro de empresas periodísticas. Además, incluye un apartado central que garantiza la libertad de expresión y pensamiento como pilares del ejercicio periodístico, entendidos como derechos vinculados al rol social de quienes trabajan en la comunicación.

La ley fue sancionada en diciembre de 1946 por el primer gobierno de Juan Domingo Perón, apenas dos años después de que el decreto 7618/44 sentara las bases normativas del oficio. Su publicación en el Boletín Oficial, en febrero de 1947, consolidó por primera vez el marco jurídico moderno del periodismo profesional en un país que, desde entonces, reconoció a esta actividad como un servicio de interés público y no solo como un vínculo laboral tradicional.

A lo largo de los años, el Estatuto ha recibido modificaciones a través de distintas negociaciones paritarias y convenios colectivos, adaptándose a transformaciones del sector: la transición tecnológica, la profesionalización creciente del oficio, la expansión de medios digitales y nuevos formatos de producción informativa. No obstante, su estructura de base permaneció, convirtiéndose en una referencia normativa para miles de trabajadores en prensa escrita, radio, televisión, agencias, portales digitales y productoras de contenidos.

La propuesta de derogación representa un cambio de raíz. De aprobarse, implicaría la desaparición de un conjunto de derechos específicos del sector y su eventual reemplazo por la legislación laboral general. Esto podría impactar en la estabilidad laboral, en los mecanismos de indemnización y en las condiciones profesionales que hoy distinguen a los trabajadores de prensa de otros rubros.

La noticia generó, de inmediato, repercusiones entre sindicatos, asociaciones de periodistas y especialistas en derecho laboral, quienes anticiparon que se trata de uno de los puntos más sensibles del proyecto. Para muchos, la eliminación del Estatuto significa un retroceso en materia de derechos adquiridos y un golpe directo a la estructura laboral de un oficio que cumple un rol social esencial: garantizar el derecho a la información.

En su formulación original, el Estatuto afirma que busca "regular las funciones, condiciones, derechos y garantías de los periodistas profesionales, incluyendo la libertad de expresión y pensamiento". Esto convirtió a la ley en un marco de protección específico ante la tensión constante entre empresas, Estado y trabajadores, especialmente en contextos políticos o económicos de crisis.

A partir del envío del proyecto al Congreso, el debate quedará ahora en manos de los legisladores, quienes deberán decidir si la derogación avanza como parte del paquete de reforma laboral o si se introduce alguna modificación durante el proceso parlamentario. Organizaciones del sector anticipan un fuerte rechazo y la presentación de argumentos técnicos y jurídicos para defender la vigencia del Estatuto.

La discusión promete ocupar un lugar central en las próximas semanas, especialmente en un contexto en el que el rol del periodismo, las condiciones laborales y la libertad de expresión vuelven a ser tema de conversación pública.