En el marco de las intensas negociaciones legislativas por la Reforma Laboral, el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, ha protagonizado un cruce directo con la cúpula empresarial argentina. El funcionario no ocultó su indignación ante lo que considera una actitud pasiva e indiferente por parte de las cámaras sectoriales frente a uno de los puntos más ambiciosos del proyecto oficialista: un drástico recorte en las contribuciones destinadas a la creación de nuevos puestos de trabajo registrado.
La crítica de Caputo se canalizó a través de la red social X, donde el ministro interpeló a los representantes del sector privado por el silencio corporativo que rodea al tratamiento de la ley en la Cámara de Diputados. En su mensaje, el ministro calificó la reducción de las cargas patronales en un 85 por ciento para los nuevos empleos como uno de los aspectos más trascendentales de la normativa, expresando que no sale de su asombro ante el hecho de que ninguna cámara gremial haya salido a celebrar la medida.
Esta postura no representa únicamente un descargo individual, sino que refleja el pensamiento de la mesa chica del Gobierno. El propio presidente Javier Milei validó el reclamo mediante un retuit, otorgándole una dimensión política e ideológica de peso. Para el Ejecutivo, la falta de una manifestación entusiasta por parte de los empresarios resulta incomprensible, dado que la iniciativa busca atacar directamente lo que consideran el principal escollo para la contratación en el sector formal.
El eje del conflicto radica en las herramientas técnicas propuestas para transformar el mercado de trabajo. La reforma contempla la creación de un Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y un Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Según las proyecciones elaboradas por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la aplicación de estos instrumentos permitiría que las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador registrado caigan del 27% actual a un 15% por un plazo de 48 meses.
Esta modificación técnica impacta directamente en la denominada "cuña laboral" —la diferencia entre el costo para el empleador y el salario neto del trabajador—, la cual pasaría de un promedio del 44% al 32% del salario bruto. Los fundamentos del Gobierno sostienen que este alivio fiscal es indispensable para mejorar la competitividad de la economía nacional frente a los estándares de la OCDE y, fundamentalmente, para brindar el estímulo necesario que permita incorporar a la masa de trabajadores informales a la economía debidamente registrada.
A pesar del contundente beneficio numérico que destaca el Palacio de Hacienda, el sector privado mantiene una cautela que el Gobierno interpreta como indiferencia. Desde las cámaras industriales y comerciales se argumenta que, si bien la baja de impuestos al trabajo es bienvenida, aún persisten dudas significativas sobre otros aspectos normativos y la sostenibilidad de su aplicación práctica en el tiempo.
Asimismo, el empresariado continúa reclamando una agenda más amplia que incluya la reactivación del crédito y la producción, elementos que consideran igual de urgentes que la reforma normativa para garantizar un crecimiento genuino del empleo en el actual contexto económico.
